FGR busca confiscar 1,595 millones de pesos al CJNG en su mayor demanda de extinción de dominio

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se adjudique mil 595 millones de pesos (aproximadamente 87 millones de dólares), presuntamente vinculados a operaciones de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta cifra representa la demanda más cuantiosa bajo esta figura jurídica en los últimos años y supera ampliamente los montos recuperados anteriormente.

La demanda, presentada el 4 de noviembre, está dirigida contra dos empresas con sede en Jalisco: Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, así como contra cinco personas físicas.

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Entre ellas destaca Oscar Antonio Álvarez González, detenido el 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a su regreso de Barcelona.

Álvarez González está acusado formalmente de delincuencia organizada y de lavar activos para los líderes del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes y su hermano Abraham “Don Rodo” Oseguera Cervantes, mediante un esquema de inversión en el sector tequilero y ganadero.

Los otros cuatro individuos mencionados en la demanda son Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián.

De acuerdo con los antecedentes públicos, Ignacio Corona Vizcaíno fue director de Tequilera El Triángulo en Sayula, Jalisco, una planta con capacidad de producir hasta 100,000 litros diarios de tequila.

Por su parte, Ignacio Corona Orozco fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su lista de personas bloqueadas en septiembre de 2024, tras detectarse operaciones inusuales, y es objeto de una denuncia penal por lavado de dinero presentada por la UIF en agosto del mismo año.

Según un informe oficial de la FGR, de 2019 a 2024 se recuperaron aproximadamente 572 millones de pesos mediante este mecanismo.

Por lo tanto, el caso actual contra el CJNG triplicaría el total obtenido en todo el sexenio anterior.

La figura de extinción de dominio, un proceso de naturaleza civil, permite al Estado confiscar bienes de origen ilícito sin necesidad de una sentencia penal previa.

La acción legal se apoya en un aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias (la mayoría en HSBC, excepto una en Actinver) solicitado por la FGR en abril.

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Desde entonces, los afectados han promovido recursos de amparo para defender sus activos. Algunos han obtenido suspensiones que solo les permiten acceder a fondos no reclamados en la demanda, pero la medida de aseguramiento judicial sigue vigente.

Por su escala, este caso es comparable al emblemático decomiso de 206 millones de dólares al narcotraficante Zhenli Ye Gon en 2007 (equivalente a unos 2,238 millones de pesos actuales), aunque en aquel entonces no existía la figura de extinción de dominio y fue necesario un largo proceso penal para lograr la confiscación.

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La FGR utiliza de manera rutinaria esta herramienta legal, incluso para montos menores (desde 200,000 o 300,000 pesos), en su estrategia contra el crimen organizado.