Estuvieron presos por ‘la Estafa Maestra’ y ahora deberán pagar 62 millones de pesos por su libertad condicional

CIUDAD DE MÉXICO.- — Un tribunal de enjuiciamiento condenó a dos ex funcionarios por irregularidades en uno de los contratos involucrados en el caso conocido como la Estafa Maestra.

La resolución incluye el pago de 62 millones 877 mil 192 pesos como reparación del daño al Estado, de acuerdo con información del diario Reforma.

La sentencia fue emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien encontró responsables a los ex funcionarios tras un proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

¿Quiénes fueron condenados?

Los sentenciados son:

• Ricardo Mejía Zayas, ex Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
• José Francisco Monroy Gaytán, ex Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Datos relevantes sobre su situación procesal:

• Mejía se encuentra en prisión domiciliaria desde junio de 2022.
• Monroy enfrentó el proceso y el juicio en libertad.
• Ambos recibieron una pena de prisión, aunque la FGR no detalló su duración.
• El juez sustituyó la pena de cárcel por el pago de la reparación del daño, lo que solo es posible cuando la sanción es menor a cuatro años.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre las pruebas?

La FGR informó que el Ministerio Público Federal presentó evidencia suficiente para lograr la sentencia:

• “El Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial”.
• Los sentenciados recibieron sustitutivos legales, siempre que garanticen o cubran el pago de la reparación del daño.
• El fallo no es definitivo; puede ser impugnado ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México.

¿Qué contrato originó la responsabilidad penal?

El caso deriva del convenio de coordinación UCD/33901/010/2015, firmado el 5 de marzo de 2015 entre:

• La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles.
• La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Objetivo del contrato:

• Levantar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas.
• Localizar a personas en pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades del país.
• La Sedesol pagó a la UIEM 124 millones 100 mil pesos por estos servicios.

¿Qué irregularidades se identificaron?

Durante una auditoría se encontraron varias anomalías:

• La UIEM subcontrató el 100% de los servicios.
• Solo presentó comprobantes por 61 millones 222 mil 808 pesos.
• Se detectó que los comprobantes por 62 millones 877 mil 192 pesos eran falsos.
• La contratación se hizo sin estudio de mercado, lo que impidió obtener mejores condiciones para el Estado.
• La Universidad subcontrató por encima del límite permitido (49% del monto contratado), según el Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

La FGR explicó:

• El convenio se suscribió sin garantizar condiciones adecuadas de precio, calidad y oportunidad.
• La subcontratación total generó un daño a la hacienda pública por el monto señalado.
• “Este caso se refiere a la responsabilidad penal de Ricardo ‘M’ y José ‘M’ […] debido a que la casa de estudios subcontrató la totalidad de los servicios […] a un precio inferior”, señaló la dependencia.

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¿Qué otros implicados aparecen en el caso?

La FGR también imputó hechos relacionados a:

• Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
• Actualmente se encuentra en libertad provisional.

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¿Qué implica esta resolución para el lector?

Para comprender mejor los efectos del fallo:

• El Estado podría recuperar 62.8 millones de pesos, siempre que los sentenciados cubran la reparación del daño.
• La sentencia muestra cómo operaron mecanismos de subcontratación en contratos públicos.
• El proceso continúa abierto, ya que los implicados pueden impugnar la resolución.