Altagracia Gómez Sierra obtuvo contrato de 346 millones de pesos bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, casi equivalente al monto total que su empresa recibió durante tres años del sexenio de AMLO: Reforma

De acuerdo con una investigación de Reforma, la empresa de Altagracia Gómez Sierra, cercana al Gobierno y hoy líder del consejo empresarial de Sheinbaum, obtuvo una adjudicación directa por 346 millones de pesos, un monto que casi iguala lo recibido en todo el sexenio anterior.

09 de diciembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Minsa Industrial, propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del Gobierno federal, volvió a colocarse en el centro del debate tras recibir un contrato millonario bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Reforma, la compañía obtuvo un contrato por 346 millones de pesos, casi lo mismo que recibió durante tres años completos de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando acumuló 369 millones de pesos en contratos con Segalmex-Diconsa.

La cifra destaca porque, según el recuento, entre 2022 y 2024, Minsa obtuvo 853 contratos por compras de harina de maíz destinadas a tiendas comunitarias, con un promedio anual de 123 millones de pesos. Ahora, solo en 2025, la adjudicación casi triplica ese promedio.

México

Aunque en el sexenio de AMLO no se autorizó ningún proyecto de autoconsumo eléctrico, el gobierno de Sheinbaum autorizó a Minsa, empresa de Altagracia Gómez, construir plantas de cogeneración a gas natural en cuatro estados del país

¿Qué implica el nuevo contrato otorgado en 2025?

El 6 de marzo de 2025, Alimentación para el Bienestar-Diconsa (antes Segalmex) adjudicó directamente un contrato abierto, vigente hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Su objetivo es transformar maíz de la paraestatal en harina nixtamalizada de marca propia, además de realizar su empaque y distribución.

Ilustrativa de archivo (Banco digital GH)

Este contrato tiene una diferencia clave respecto a la proveeduría previa de Minsa en el sexenio anterior:

Antes (2022-2024):

Diconsa compraba harina ya procesada.
La distribución estaba enfocada en tiendas comunitarias.
Los contratos eran estatales y por montos pequeños.

Ahora (2025):

Minsa retirará hasta 60 mil toneladas de maíz de almacenes de Diconsa.
Deberá transformarlo en harina, empacarlo en costales de 20 kg.
Lo distribuirá a 61 bodegas en 13 estados.
El proceso forma parte del programa Maíz para Todos del Abasto Rural, diseñado para llevar harina a precios bajos a tortillerías en 3,500 localidades.

La lógica de esta operación es que, al aportar Diconsa el maíz, la empresa procesadora puede descontar el costo del insumo en su propuesta económica para ofrecer un precio más bajo.

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¿Hubo competencia? Esto dijo la investigación de mercado

Antes de otorgar la adjudicación directa, Diconsa realizó una exploración de mercado entre las cuatro principales proveedoras de harina de maíz del país.

Las conclusiones fueron las siguientes:

Molinos Azteca, la más grande del sector, reportó ventas por 2,445 millones de pesos entre 2022 y 2024.

Ofreció vender harina, como siempre lo ha hecho, usando su propio maíz.
Cotizó en 13,500 pesos por tonelada, sin considerar el esquema solicitado por Diconsa.

Hari Masa pidió trasladar las 60 mil toneladas a su almacén en Torreón, lo que era incompatible con el proceso requerido.
Las demás proveedoras rechazaron participar bajo el esquema solicitado.

Ante ello, Minsa quedó como la única compañía dispuesta a asumir la transformación del maíz aportado por el Gobierno, con un precio que osciló entre 5,200 y 8,200 pesos por tonelada, incluyendo maquila, empaque y transporte.

¿Quién es Altagracia Gómez y por qué su nombre aparece en la discusión?

Altagracia Gómez Sierra es presidenta del Consejo de Administración de Minsa y desde noviembre de 2024 encabeza el Consejo Asesor Empresarial del Gobierno federal, una posición clave en la estrategia de desarrollo económico y relocalización industrial. Su cercanía con el Gobierno y el volumen del contrato han generado discusiones públicas sobre transparencia y competencia en las compras del Estado.