Cambios legales para 2026 amplían facultades del SAT: riesgo de cárcel por relación con factureros, cancelación de sellos digitales, congelamiento de cuentas, nuevas reglas para garantizar créditos fiscales y juicios con jueces seleccionados por “acordeones” ¿Qué debe saber un contribuyente ante este nuevo escenario?

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor una serie de cambios legales que ampliarán de forma considerable las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con especialistas fiscales consultados por Reforma, estas nuevas disposiciones otorgarán a la autoridad herramientas casi ilimitadas para sancionar a personas físicas y morales en casos de sospecha de uso de facturas falsas u otros delitos fiscales.

Los cambios están incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 e impactan al Código Fiscal de la Federación (CFF). Fiscalistas advierten que el nuevo marco legal transformará la forma en que la autoridad investiga, presume y sanciona irregularidades, afectando desde la operación diaria de las empresas hasta los mecanismos tradicionales de defensa legal.

“Utilizando términos bíblicos, se nos vienen encima los cuatro jinetes del SATocalipsis”, resumió un analista que pidió el anonimato, al describir el alcance de las nuevas facultades.

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¿Por qué el SAT tendrá más herramientas? Contexto del cambio legal

Las modificaciones derivan de la estrategia del Gobierno federal para combatir la emisión de facturas falsas, empresas fachada y otros mecanismos de evasión. Estas prácticas, conocidas como EFO (empresas que facturan operaciones simuladas) y EDO (empresas que deducen operaciones simuladas), han sido calificadas por las autoridades como uno de los principales canales de defraudación fiscal.

Sin embargo, especialistas consultados señalan que el problema es la amplitud con que fueron redactadas las nuevas facultades. Esto puede colocar a cualquier contribuyente —incluso cumplido— en un escenario de incertidumbre legal:

Basta que esa autoridad tan sólo sospeche que un contribuyente emitió o recibió una factura que ampare una operación simulada para retirarle sus sellos digitales”, advirtió Gustavo Leal Cueva, socio de la firma Fiscalia.

1. Riesgo de cárcel por relación con presuntos factureros

El cambio más delicado es que el SAT podrá solicitar prisión preventiva oficiosa para cualquier persona relacionada con una empresa que la autoridad declare como “facturera”.

¿Cómo funciona?

• El SAT publicará la lista de presuntos factureros en su portal y en el Diario Oficial de la Federación.
• Desde ese momento, las empresas señaladas y sus clientes quedarán bajo sospecha.
• Todas las facturas emitidas por esas empresas se considerarán falsas, aun si la operación fue real.

Las personas físicas o morales que hayan recibido esos comprobantes tendrán 30 días para autocorregirse mediante declaraciones complementarias.

La sanción penal por operaciones simuladas irá de 2 a 9 años de prisión.

Fiscalistas advierten que la autoridad necesitará únicamente la “sospecha” para impulsar medidas de privación de libertad.

2. Cancelación de sellos digitales y congelamiento de cuentas

Otra facultad ampliada es la cancelación de sellos digitales para emitir facturas. Sin este sello, una empresa no puede facturar y, en la práctica, queda imposibilitada para operar.

A ello se suma la posibilidad de que se congelen sus cuentas bancarias.

Leal Cueva explicó de manera directa el alcance de esta medida:

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Si un negocio no puede facturar o acceder a sus cuentas bancarias, simplemente se muere”.

La cancelación podrá aplicarse tanto a quienes emitan facturas falsas como a quienes las reciban.

3. Nuevas reglas para garantizar créditos fiscales: solo en efectivo y en el Banco del Bienestar

Si el SAT determina un crédito fiscal y el contribuyente decide impugnarlo, ya no podrá dejar como garantía bienes inmuebles, maquinaria o fianzas, como ocurría antes.

A partir de 2026 deberá:

• Depositar en efectivo el monto total en el Banco del Bienestar.
• Si no cuenta con liquidez suficiente, entregar una carta de crédito bancaria por la diferencia.
• Si la institución financiera niega la carta, deberá aportar bienes muebles o incluso una hipoteca como último recurso.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, calificó el cambio como un endurecimiento significativo:

Antes, el contribuyente afectado podía dejar en garantía bienes de su propiedad. Ya no”.

Carlos Ramírez Larsen, socio de Deloitte, detalló que el esquema anterior permitía opciones diversas y menos agresivas.

4. Juicios bajo nuevos jueces elegidos mediante “acordeones”

Otra modificación relevante es que los casos fiscales serán atendidos por jueces seleccionados mediante un sistema interno al que especialistas denominan “acordeones”. Aunque el nombre no aparece en la legislación, hace referencia a un mecanismo de elección calificado como poco claro y que genera dudas sobre su independencia.

Expertos consultados consideran que esto podría influir en la imparcialidad de las resoluciones, un tema clave para quienes buscan defenderse en tribunales.

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¿Qué opinan los expertos? Temor a un sistema de control

Los fiscalistas coinciden en que estas nuevas herramientas pueden fortalecer la fiscalización, pero también abrir la puerta a abusos:

Son facultades que promoverán el cumplimiento fiscal. Pero si pensamos mal, es un durísimo mecanismo de control para castigar a cualquiera que sea incómodo al régimen”, señaló un especialista.

El consenso es que el SAT tendrá un “arsenal” con efectos inmediatos en la operación diaria de las empresas y en la seguridad jurídica de los contribuyentes.

¿Qué debe saber un contribuyente ante este nuevo escenario?

Para evitar riesgos, especialistas recomiendan:

• Verificar regularmente la autenticidad de proveedores en las listas del SAT.
• Conservar contratos, entregables y evidencia de cada operación.
• Solicitar asesoría cuando una factura tenga cualquier señal de irregularidad.
• Revisar el estatus de sellos digitales y obligaciones periódicas.
• Prepararse para escenarios de autocorrección más estrictos.

Estas medidas no eliminan totalmente el riesgo, pero ayudan a disminuirlo en un entorno fiscal donde la presunción de irregularidad podrá activar consecuencias inmediatas.