UIF bloquea las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, mientras la FGR lo investiga por armas, huachicol y delincuencia organizada
La UIF congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en una investigación federal por delitos relacionados con hidrocarburos, armas y delincuencia organizada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño del 50 por ciento de la franquicia Miss Universo, como parte de una investigación federal por presunta participación en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y operaciones vinculadas al crimen organizado. La información proviene de documentos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) y reportes consultados por La Jornada.
La medida ocurre mientras la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación iniciada en 2024, derivada de una denuncia anónima presentada el 29 de noviembre de ese año, que señala la operación de un grupo delictivo con actividades en varios estados.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de Rocha Cantú?
El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía informó que la indagatoria en contra del empresario seguía en curso. Ese mismo día, Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, lo que le permitió convertirse en testigo colaborador, después de que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra él y otras 12 personas.
De acuerdo con la orden judicial —de la cual La Jornada posee copia— Rocha Cantú es señalado como presunto responsable de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de armas y delincuencia organizada. El documento precisa que el beneficio de testigo colaborador le fue otorgado el 28 de noviembre.
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El origen de la investigación
La carpeta de investigación explica que el caso se abrió a partir de una denuncia anónima remitida a la FGR mediante el oficio FGR/FEMDO/VUA/2447/2024. La denuncia describe la operación de una organización criminal y los vínculos de varios de sus integrantes con actividades de tráfico de armas, compraventa ilegal, lavado de dinero y huachicol.
El escrito señala que “la denuncia de ese hecho delictivo perseguible de oficio” permitió iniciar la integración de la carpeta y vincular a diversas personas con la estructura delictiva.
¿Quiénes integran la presunta red criminal?
La orden de aprehensión menciona que, además del empresario, existen otros presuntos integrantes identificados como Kevin, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro, Íker y Daniel Roldán. Según el expediente, todos ellos formarían parte de un grupo que opera en actividades de:
- Tráfico y compraventa de armas
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delitos relacionados con hidrocarburos
- Lavado de dinero a través de empresas de seguridad
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Operación de armas: lo que dice la denuncia
Uno de los fragmentos clave del documento describe que “la persona identificada como Kevin es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México”. Según la denuncia:
- Las armas ingresarían por la frontera con Guatemala.
- Serían transportadas vía terrestre ocultas en autobuses que trasladan mercancía hacia la capital.
- La distribución se haría mediante redes sociales, específicamente a través de un perfil de WhatsApp.
- La esposa de un hombre identificado como Charly sería la persona que enviaría las armas desde Guatemala.
Uso de empresas de seguridad para lavar dinero
La investigación también menciona que otros presuntos involucrados son socios de una empresa de seguridad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El documento señala que:
- La empresa sería utilizada para lavar dinero de otras organizaciones, entre ellas La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
- También se usaría para facilitar la compra y venta de armas, remarcarlas y distribuirlas.
Estos elementos forman parte del sustento con el que la autoridad obtuvo las órdenes de aprehensión y solicitó medidas financieras como el bloqueo de cuentas.
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Lo que sigue para el caso
El estatus de testigo colaborador otorga a Rocha Cantú beneficios procesales, pero también compromisos legales de aportar información. La UIF, por su parte, mantiene las medidas financieras mientras avanza la investigación sobre su conglomerado, que incluye casinos, hospitales y empresas de seguridad.
La FGR continúa con la integración de la carpeta para determinar la responsabilidad de los señalados y el alcance de las operaciones descritas en la denuncia.
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