Prioridad en el Congreso: Morena acelera la aprobación de la nueva Ley General de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el reloj legislativo en cuenta regresiva, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ha decidido impulsar como último tema prioritario del periodo ordinario la creación de la nueva Ley General de Aguas. La Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal Ávila, solicitó de manera urgente modificar el orden del día de la sesión del 3 de diciembre para colocar en la parte alta la discusión y votación de este marco legal, que busca sustituir a la actual Ley de Aguas Nacionales.

Esta maniobra busca garantizar que el dictamen, resultado de semanas de diálogo y bajo la presión de protestas campesinas, sea aprobado antes del cierre del periodo.

¿Por qué la urgencia legislativa?

El factor tiempo es decisivo. El periodo ordinario de sesiones del Congreso está por concluir, lo que crea una ventana de oportunidad muy estrecha para procesar iniciativas de gran calado. Si la ley no se vota ahora, su trámite se retrasaría de manera indefinida, posiblemente hasta el próximo periodo.

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Ante quejas de campesinos y especialistas, Ricardo Monreal accede a ajustar la Ley de Aguas pues admite que algunos señalamientos “tienen razón”

El bloque mayoritario, según Monreal, busca “acelerar la ruta legislativa” para evitar este escenario. La priorización se realizó mediante una reunión extraordinaria de la Jucopo, cuyo acuerdo debe ser refrendado por el Pleno y la Mesa Directiva.

¿Qué contiene el dictamen y cómo cambió?

Ricardo Monreal informó que la versión actual del dictamen incorpora alrededor de 50 ajustes respecto a la propuesta original, derivados de mesas de diálogo con productores rurales, organizaciones campesinas, sistemas comunitarios e industriales. Algunas de las modificaciones clave son:

• Precisiones sobre la transmisión y herencia de concesiones de agua.
• Reconocimiento explícito de los sistemas comunitarios de agua.
• Establecimiento de reglas diferenciadas para el uso agrícola, industrial y urbano.
• Procesos de regularización para pozos ganaderos y zonas de libre alumbramiento.
• Reafirmación de la prohibición de vender o acaparar agua obtenida mediante concesión.

La aceleración legislativa ocurre en un ambiente de movilización social. Productores agrícolas, principalmente de norte y centro del país, han realizado protestas y bloqueos durante semanas, argumentando que la ley original podía afectar sus actividades productivas y derechos sobre el agua.

Este miércoles, mantuvieron un cerco en los alrededores del edificio de San Lázaro. Muchas de las 50 modificaciones al dictamen son una respuesta directa a estas demandas, buscando incorporar garantías para el sector agropecuario.

Según ha expuesto la mayoría legislativa, el debate y la nueva ley se centran en tres pilares fundamentales:

1. Garantizar el derecho humano al agua, reconocido constitucionalmente.
2. Evitar el acaparamiento del recurso por parte de grandes usuarios.
3. Impedir la especulación con los títulos de concesión.

La norma busca crear un marco actualizado para la gestión, concesión, uso y supervisión del agua en México, sustituyendo varios artículos de una ley que data de 1992.