Operación Cazador asegura más de 1,800 toneladas de autopartes ilegales en cinco alcaldías de la Ciudad de México

Ciudad de México. — El 12 al 27 de noviembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina lograron el aseguramiento de mil 863 toneladas de autopartes como parte de la estrategia Operación Cazador, desplegada en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac, según La Jornada.

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Las autoridades realizaron 20 cateos en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio y comercialización ilegal de autopartes. Los operativos se llevaron a cabo con el objetivo de frenar el mercado negro que afecta directamente a miles de automovilistas y fomenta la delincuencia organizada en la capital.

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Cateos en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa concentraron la mayor cantidad de aseguramientos. En la colonia Morelos se localizaron mil toneladas de autopartes, mientras que en la colonia Exhipódromo de Peralvillo se aseguraron 500 toneladas adicionales.

En Iztapalapa, un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán fue intervenido, donde se encontraron 20 toneladas de piezas. Estos hallazgos confirman la magnitud de las redes de acopio y venta ilegal que operan en distintas zonas de la ciudad.

Coordinación institucional

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que las acciones se realizaron en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), que llevó a cabo diez verificaciones administrativas en establecimientos comerciales.

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Los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades y proceder conforme a la ley.

Estrategia contra el mercado ilegal

La Operación Cazador forma parte de la estrategia integral para combatir el robo y comercialización de autopartes, delitos que generan pérdidas económicas y afectan la seguridad de los ciudadanos. Con estas acciones, las autoridades buscan desarticular las cadenas de distribución clandestina y reforzar la confianza de la población en las instituciones de seguridad y justicia.