¿Porqué son ilegales en México las maquinas tragamonedas que antes había en cada tiendita?
El Gobierno de México alertó que las máquinas tragamonedas ilegales generan adicción, corrupción de menores y financian redes criminales, con ingresos de hasta 600 millones de pesos semanales.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, advirtió sobre el grave riesgo que representan las máquinas tragamonedas instaladas sin autorización oficial. Aunque a simple vista puedan parecer inofensivas, estas maquinitas son ilegales y constituyen un problema de seguridad pública, pues detrás de su operación existe una amplia red de delincuencia organizada.
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De acuerdo con información oficial, estas máquinas generan a nivel nacional un ingreso aproximado de 600 millones de pesos semanales, dinero que alimenta actividades ilícitas y fortalece estructuras criminales. Su presencia en tiendas, bares o espacios clandestinos no solo viola la ley, sino que también expone a la población a un riesgo latente de adicción y violencia.
Un peligro disfrazado de entretenimiento
Las autoridades subrayan que las máquinas tragamonedas prohibidas por la ley son una fuente directa de corrupción de menores. Médicos especialistas han comparado la adicción que generan con la llamada “cocaína-crack” de los juegos de apuestas, debido a la rapidez con la que atrapan a los usuarios y los llevan a perder el control sobre su conducta.
En el caso de los menores de edad, la dependencia a estas maquinitas suele derivar en deserción escolar, además de actos de violencia como robos o pandillaje para obtener dinero y seguir jugando. Lo que aparenta ser un simple pasatiempo se convierte en una adicción peligrosa que abre la puerta a la delincuencia.
Falsa expectativa y consecuencias sociales
Las maquinitas tragamonedas generan una falsa expectativa de obtener recompensas económicas sin esfuerzo, lo que engancha a los jugadores en un ciclo de pérdidas y frustración. Este fenómeno no solo afecta a las familias, sino que también incrementa los índices de inseguridad en las comunidades donde se instalan.

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Por ello, las autoridades reiteran que su uso y operación sin autorización son ilegales y que se continuará con acciones para erradicar estos aparatos, protegiendo así a la sociedad de un problema que, aunque disfrazado de entretenimiento, representa una amenaza real.
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