Nueva Ley de Aguas Nacionales: Por qué el gobierno prioriza el agua como derecho humano y prohíbe su venta entre privados, enfrentando resistencia del sector agrícola

MÉXICO.- La Ley de Aguas Nacionales (LAN) es la ley principal que regula el uso y la gestión del agua en México. Esta ley se publicó por primera vez el 1 de diciembre de 1992 y ha sido reformada en varias ocasiones.

Su objetivo es regular la explotación, uso y distribución de las aguas nacionales, además de preservar su cantidad y calidad para lograr un desarrollo sustentable. La autoridad responsable de aplicar esta ley es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

¿Por qué se implementa una nueva reforma?

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para una nueva Ley General de Aguas y para reformar la LAN existente . Esta propuesta, presentada en octubre de 2025, se basa en tres propósitos fundamentales:

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• Garantizar el derecho humano al agua: Busca priorizar el consumo personal y doméstico sobre otros usos.
• Recuperar la rectoría del Estado: Afirma que el agua debe ser gestionada por el Estado y no tratarse como una mercancía.
• Ordenar el régimen de concesiones: Persigue acabar con el “mercado negro” del agua y evitar el acaparamiento.

El Gobierno argumenta que, desde 1992, el manejo del agua como bien transable entre privados llevó a un descontrol en las concesiones.

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Principales cambios y puntos de conflicto

La reforma introduce cambios sustanciales que han generado un debate nacional. La siguiente tabla resume los puntos clave y las posturas enfrentadas.

¿A quiénes afecta directamente esta ley?

La reforma impacta de manera directa a varios sectores de la sociedad mexicana.

• Sector agrícola: Es el más afectado y visible en su oposición. Representantes del campo argumentan que sin la posibilidad de heredar la concesión de agua, sus tierras pierden todo su valor. Afirman que la ley “lastima la ya golpeada economía en el campo” .
• Comunidades y sociedad en general: La ley prioriza el derecho humano al agua. Establece que, en caso de escasez, el uso doméstico y público tendrá prioridad sobre el industrial o agrícola. También prohíbe suspender el suministro por falta de pago, garantizando un mínimo vital.
• Empresas e industrias: Ya no podrán adquirir concesiones en el mercado secundario. Deberán optimizar su uso de agua, invertir en reúso y adoptar prácticas de responsabilidad hídrica, ya que el incumplimiento ahora conlleva riesgos administrativos y penales.

La postura oficial y las protestas

El Gobierno, a través de Conagua, asegura que la iniciativa no busca desaparecer a los Distritos de Riego ni es retroactiva, por lo que todos los títulos de concesión vigentes serán respetados. La presidenta Sheinbaum ha declarado que las protestas buscan “preservar privilegios”.

Por su parte, organizaciones campesinas han realizado bloqueos de carreteras y amenazan con cerrar aduanas si la ley se aprueba sin atender sus demandas. Exigen una mesa de diálogo directa con la presidenta, ya que consideran que sus preocupaciones no han sido canalizadas correctamente por los secretarios de Estado.

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La reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un cambio de paradigma en la gestión hídrica de México, al buscar garantizar el agua como un derecho humano y fortalecer el control estatal. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para generar consensos, especialmente con el sector agrícola, y para implementar la ley de manera que combata efectivamente la especulación sin desincentivar la producción alimentaria del país.