Lenia Batres propone que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial; proyecto se discutirá el 4 de diciembre
El proyecto será sometido a votación del Pleno el 4 de diciembre, donde los ministros deberán decidir si mantienen la jurisprudencia vigente o avalan la facultad amplia que propone la ministra Batres.
CIUDAD DE MÉXICO-La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, presentó un proyecto para que la Corte avale, sin restricciones, la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.
La propuesta, que está enlistada para ser discutida el 4 de diciembre, plantea un cambio decisivo respecto a la jurisprudencia vigente, que durante la última década ha considerado estos bloqueos como inconstitucionales salvo cuando exista una solicitud expresa de autoridades internacionales.
Un giro respecto a la jurisprudencia anterior
Desde hace más de diez años, la SCJN ha sostenido que la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— no puede congelar cuentas de personas físicas o morales por iniciativa propia, pues dicha acción debe ser avalada por un juez o responder a compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
Sin embargo, el proyecto de la ministra Batres propone que la Corte abandone este criterio, permitiendo que la UIF realice bloqueos de manera directa cuando lo considere necesario para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Complemento a la reforma de la Ley de Amparo
De aprobarse, esta resolución se integraría al nuevo marco legal construido por el Gobierno federal a partir de la reforma aprobada en octubre a la Ley de Amparo, la cual prohíbe a los jueces conceder suspensiones provisionales contra los bloqueos de cuentas realizados por la UIF.
Actualmente, los afectados ya no pueden detener temporalmente el congelamiento mediante un amparo, y sólo es posible revertirlo si se acredita el origen lícito del dinero.
Con esta nueva sentencia, el Gobierno reforzaría un esquema que busca impedir que presuntos involucrados en lavado de dinero utilicen el sistema judicial para recuperar sus recursos mientras avanzan las investigaciones.
Lo que sigue
El proyecto será sometido a votación del Pleno el 4 de diciembre, donde los ministros deberán decidir si mantienen la jurisprudencia vigente o avalan la facultad amplia que propone la ministra Batres.
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