Beneficios fiscales para quien más contamina: la contradicción del sistema mexicano frente a la emergencia climática y los jets privados

Ante la triple crisis ambiental que azota a México, cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) presentó una serie de propuestas audaces para reformar el sistema tributario.

La iniciativa, detallada en el documento “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”, busca gravar las actividades de mayor impacto ambiental, como el uso de jets privados y yates, y destinar esos recursos a la mitigación y adaptación climáticas.

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La crisis ambiental y la urgencia de una respuesta fiscal

México enfrenta una situación crítica. Fenómenos como los huracanes Otis y John, las sequías extraordinarias en Monterrey y la contaminación del aire que causa miles de muertes prematuras anuales, exigen acciones contundentes.

Los impuestos ambientales existentes han demostrado ser insuficientes, con una recaudación baja y sin un destino específico que atienda directamente la emergencia ecológica.

La AJF propone una revisión profunda del sistema fiscal para que funcione como un instrumento de justicia climática, gravando a quienes más contaminan y protegiendo a la población más vulnerable.

Jets privados: El símbolo máximo de la desigualdad contaminante

El enfoque en la aviación privada no es casual. México compite con Brasil por ser el segundo país con más jets privados en el mundo, con una flota que ronda las 2,000 aeronaves.

El impacto ambiental de este sector es desproporcionado: un jet privado es entre 5 y 14 veces más contaminante por pasajero que un vuelo comercial. Un solo vuelo promedio emite alrededor de 3.6 toneladas de CO2.

Además, el costo social del carbono se estima en 185 dólares por tonelada. Sin embargo, las tarifas aeroportuarias en México no internalizan este daño y, al cobrarse por tonelada o por pasajero, benefician a las aeronaves más pequeñas y de uso intensivo, como los jets privados.

Propuestas concretas: Hacer pagar a los grandes contaminadores

Frente a esta realidad, la AJF plantea medidas específicas:

• Derechos especiales para jets privados: Establecer un cobro adicional a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para los jets privados, basado en el costo social del carbono y las emisiones que generan. Este cobro se aplicaría, al menos, en las rutas más concurridas: Toluca, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Los Cabos.
• Tarifas de lujo para yates: Un mega yate puede emitir anualmente tanto CO2 como 1,400 personas. En contraste, las tarifas de atraque en México son de las más bajas en el mundo (ej. 64 pesos diarios en Los Cabos vs. hasta 240 dólares por pie en EE.UU.). La propuesta es alinear estas tarifas a estándares internacionales en puertos de alto turismo de lujo.

Diego Merla, coordinador de Oxfam México, señaló que esto refleja las “injusticias fiscales vigentes” y subrayó que “el 1% más rico del país contamina más que el 80% más pobre”.

El escándalo que evidencia el problema: Viajes en jet y austeridad discutida

La pertinencia de estas propuestas se ve reforzada por recientes controversias políticas. En octubre, el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) acusó a Gerardo Fernández Noroña (Morena) de utilizar recursos públicos para un viajar en jet privado durante una gira política en Coahuila.

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El caso reavivó el debate público sobre la congruencia del discurso del gobierno de Morena, al definirse como “el partido de los pobres” con el prinicipio de austeridad, con el uso de bienes de alto valor.

Este caso es uno de los múltiples ejemplos que han demostrado la urgencia de un marco regulatorio claro que grave estas prácticas.

Más allá del lujo: Transporte público y tenencia vehicular

La propuesta fiscal no se limita al lujo extremo. También aborda problemas cotidianos con gran impacto ambiental:

• Cargos por congestión vehicular: Ciudades como la CDMX y Guadalajara están entre las más congestionadas del mundo. Se propone implementar cargos por congestión, siguiendo ejemplos exitosos como Londres y Estocolmo, para desincentivar el uso del auto, reducir emisiones y financiar mejoras al transporte público.
• Reforma a la Tenencia: En 24 estados la tenencia está derogada o subsidiada al 100%, a pesar de que el parque vehicular ha crecido 118% desde 2007. Se propone una Ley General de Tenencia que incluya un componente ecológico basado en las emisiones del vehículo. Solo este componente podría generar 22,500 millones de pesos adicionales, un 22% más que lo recaudado en 2023.

Hacia una fiscalidad justa y sostenible

Las propuestas de la Alianza por la Justicia Fiscal representan un cambio de paradigma: utilizar el sistema tributario no solo para recaudar, sino para corregir externalidades ambientales y promover la equidad.

Al gravar a los sectores más ricos y contaminantes, como los usuarios de jets y yates, y al reinvertir esos recursos en transporte público, adaptación climática y conservación, México puede construir un sistema fiscal que sea, verdaderamente, más verde y más justo.

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