Reforma ambiental histórica en México: Diputados aprueban castigos más severos contra tala ilegal, tráfico de fauna e incendios provocados con penas de hasta 20 años y multas mayores, mientras la oposición alerta que sin personal ni recursos la nueva ley podría fracasar

MÉXICO — Con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó reformas para endurecer las sanciones contra los delitos ambientales, con el objetivo de disuadir actividades que afectan bosques, áreas naturales, ríos y especies en peligro. La oposición acompañó el dictamen, pero advirtió que, sin presupuesto suficiente, los cambios podrían quedarse sin aplicación real.

Tras más de tres horas de discusión, el dictamen fue aprobado por 460 votos a favor y enviado al Senado para continuar su trámite legislativo, de acuerdo con La Jornada.

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Nuevas agravantes y penas más altas

Dos reservas fueron aprobadas para fortalecer el paquete de sanciones. La primera, avalada por todos los grupos parlamentarios, agrega agravantes para delitos de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, especialmente en Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como para quienes falsifiquen información para obtener registros o certificados ambientales.

La segunda, presentada por el PVEM, incrementa hasta cinco años adicionales de prisión cuando se cause la muerte de fauna en peligro de extinción, amenazada o bajo protección especial, particularmente dentro de una ANP.

Endurecimiento de sanciones: penas de hasta 20 años de prisión

Al fundamentar la reforma, el presidente de la Comisión dictaminadora, Julio César Moreno (Morena), afirmó que el objetivo es responder a la “crisis ambiental” causada por prácticas como incendios provocados para cambiar el uso de suelo, descargas clandestinas de sustancias tóxicas, tala ilegal y el tráfico de especies.

Entre los cambios más relevantes, expuso:

• El Código Penal Federal eleva las penas generales para delitos ambientales de 1–9 años a 2–10 años.
• Para delitos forestales –desmonte, tala, cambio de uso de suelo en terrenos forestales– las penas serán de 6–20 años de prisión y entre 6 mil y 10 mil días de multa cuando el daño ocurra en una ANP.
• Se impondrá de 8 a 15 años de cárcel cuando se empleen armas de fuego o violencia para obtener beneficio económico.
• El tráfico de totoaba enfrentará multas de hasta 12 mil días, además de 5–15 años de prisión, con el fin de proteger al ecosistema del Golfo de California y a especies como la vaquita marina.

Nuevos delitos incorporados al Código Penal

La reforma también agrega nuevas figuras delictivas, como:

• Descargas ilegales en mantos acuíferos.
• Daños a manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes.
• Agravantes por incendios provocados con fines de lucro.
• Sanciones para quienes financien o encubran tráfico de especies.
• Penas de seis meses a dos años por quebrantar sellos de suspensión.
• Delito por continuar actividades ilegales aunque los sellos permanezcan intactos.

Por primera vez, la legislación incluye responsabilidad penal para personas jurídicas, es decir, empresas, homologando a México con otros países de la región.

Reservas aprobadas: penas más duras y combate a información falsa

La diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) logró la aprobación de una reserva que incrementa sanciones por la muerte de fauna protegida en ANP. Su votación fue peculiar: inicialmente rechazada por aparente distracción en el pleno, fue reconsiderada y aprobada de inmediato.

Otra reserva, presentada por Ricardo Monreal Ávila, añade penas de hasta 15 años para invasión de áreas forestales dentro de ANP y hasta 20 años si se usan armas o hay fines de lucro. También sanciona a quienes utilicen información falsa o simulada para engañar a consumidores, autoridades o inversionistas y obtener beneficios indebidos.

Oposición: “Sin recursos, los cambios son demagogia”

Aunque aprobaron la reforma, legisladores de oposición advirtieron que el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para hacerla efectiva.

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Diana Estefanía Gutiérrez (PAN) señaló:

“Endurecer penas por supuesto que es necesario, pero no es suficiente”, al denunciar que la Profepa tiene menos inspectores, la Conanp opera “sin guardaparques suficientes” y la Conafor enfrenta incendios “sin recursos”.

“Amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura palabrería”, agregó.

La panista Teresa Ginez coincidió: “De nada sirve aprobar delitos más graves si las autoridades carecen de herramientas para operar”.

Por su parte, Iraís Reyes de la Torre (MC) afirmó que el avance es insuficiente ante la magnitud de la crisis ambiental:

“Aumentar penas no detiene la deforestación, no acaba con el tráfico de especies, no reforesta montañas, ni limpia ríos”.

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