CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del incremento de personas que abandonan sus casas, comunidades y estados por la violencia, México sigue sin una ley federal que reconozca y proteja a las víctimas de desplazamiento forzado interno. La problemática se ha profundizado: en los últimos ocho años, el número acumulado de personas obligadas a huir superaría los 100 mil mexicanos.

Desde septiembre de 2020, el Senado mantiene sin avance la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para crear la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, lo que impide que el Estado reconozca oficialmente esta crisis.

¿Qué propone la ley que está congelada?

La minuta detenida en el Senado contempla medidas clave como:

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• Registro Nacional de Desplazados
• Programa Nacional de prevención y atención
• Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno
• Obligación de recursos suficientes para atención integral
• Acceso a servicios médicos, educativos, de empleo, seguridad y reposición de documentos

Sin esa legislación, no existe un marco federal que defina responsabilidades, protocolos o presupuestos para atender a quienes huyen de la violencia criminal.

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Expertos alertan: ausencia de ley agrava la vulnerabilidad de las víctimas

Para Janette Carrillo, coordinadora de la agenda de desplazamiento del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la falta de una ley federal provoca desatención total, falta de datos y mayor vulnerabilidad.

No hay ley que proteja a esta población, no hay protocolos de atención, ni reglamentos claros, ni presupuestos etiquetados sobre a qué autoridad le corresponde atender a los desplazados en México. El aprobar la ley implicaría el reconocimiento de este grave fenómeno de violencia y al parecer es lo que se busca evitar”, afirma.

Carrillo lamenta que la población desplazada —principalmente indígenas, niñas y niños— enfrente barreras para recibir educación o atención básica en los lugares donde buscan refugio.

Actualmente, solo Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca cuentan con leyes estatales sobre desplazamiento interno.

Cifras que revelan la gravedad del desplazamiento en México

Las organizaciones civiles llevan años documentando el fenómeno ante la falta de cifras oficiales.

Estimaciones

• 100 mil personas desplazadas entre 2016 y 2024, según la CMDPDH.
• 346 mil 945 desplazados entre 2006 y 2019, también estimados por la CMDPDH.
• Aumento del 129% en 2024: de 12,623 a 28,900 personas desplazadas, según el estudio Travesías Forzadas de la Universidad Iberoamericana.

Principales causas

• Violencia y enfrentamientos del crimen organizado
• Confrontaciones por control territorial
• Amenazas directas y ataques armados

El informe señala que 79% de los eventos están ligados a violencia directa, mientras que 20% responde a factores sociales o desastres naturales.

Estados más afectados por el desplazamiento interno

El estudio elaborado con ACNUR identifica las entidades con más eventos y personas desplazadas durante 2024:

• Chiapas: 17,860 personas desplazadas en 20 eventos
• Sinaloa: 4,480 personas
• Michoacán: repunte en el segundo semestre
• Chihuahua y Guerrero: presencia sostenida de violencia
• Otros estados afectados: Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz

Caso Chiapas

La disputa por rutas del narcotráfico en la frontera con Guatemala derivó en un éxodo masivo:

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• Aproximadamente 600 personas huyeron hacia Guatemala, refugiándose en Cuilco y Chiantla.
• Las víctimas atravesaron a pie zonas remotas e incluso cruzaron una frontera internacional para ponerse a salvo.

Caso Sinaloa

El estudio documenta una escalada violenta tras la detención en EU de dos líderes criminales:

A finales de julio, dos reconocidos líderes del crimen organizado en México fueron arrestados en Estados Unidos. Como consecuencia, desde septiembre la violencia en Sinaloa aumentó, con un incremento exponencial en los homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos armados y autoridades, provocando, según estimaciones, un promedio diario de siete personas desaparecidas y siete asesinadas en la entidad entre septiembre y diciembre de 2024”.

Compromisos internacionales sin avances internos

En diciembre de 2024, México se adhirió a la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034, que busca fortalecer la protección regional a personas refugiadas, desplazadas y apátridas.

Sin embargo, a nivel interno no existe una ley federal que articule estos compromisos. Incluso los estados que sí cuentan con legislación propia continúan reportando múltiples eventos de desplazamiento sin soluciones duraderas.

¿Por qué sigue detenida la ley en el Senado?

El estancamiento legislativo ha impedido:

• Reconocer oficialmente el desplazamiento forzado interno
• Definir responsabilidades entre autoridades federales y estatales
• Crear presupuestos y protocolos de atención
• Integrar a México a estándares internacionales de protección

Expertos advierten que sin una ley federal, la crisis continuará agravándose año con año.

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