CIUDAD DE MÉXICO.- Desde diciembre de 2023, Brenda Hernández busca una pensión alimenticia justa y un entorno estable para sus dos hijos. Lo que inició como un trámite familiar se convirtió en un conflicto que —según ella— se ha complicado por el poder político y judicial de su expareja: Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima.

De acuerdo con El Universal, Brenda afirmó que, desde que decidió dejarlo por la violencia que ejercía en su contra, él se ha mantenido distante como padre y, además, ha usado su posición para frenar o retrasar cada uno de sus intentos legales.

Desde que lo dejé por violencia, él ha sido un padre ausente y ha utilizado el poder que tiene para obstruir los intentos legales que he hecho”.

Asegura que ha buscado ayuda incluso a nivel estatal y federal, pero no ha encontrado respuesta. Mientras tanto, las decisiones judiciales avanzan lentamente y las denuncias que ha presentado siguen sin resolverse.

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“Ya estoy desesperada… yo lo único que quiero es tener el suelo parejo, que se lleve un debido proceso”, afirma.

Una pensión provisional que no alcanza

Hasta ahora, la única resolución firme es una pensión alimenticia provisional equivalente al 15% de las percepciones del magistrado, cuyo sueldo bruto mensual es de 104 mil 845.93 pesos, según Transparencia del Poder Judicial. No se especifica cuánto recibe después de impuestos.

Brenda detalla:

“Desde abril de 2024 se le quitan vía nómina 6 mil 391 pesos cada quincena, que se depositan en mi cuenta; pero eso no es suficiente y no cubre ni 50/50 de los gastos de los niños que él proponía porque yo trabajo”.

Asegura que la jueza solo emitió ese monto después de que ella presentó un amparo, porque el caso no avanzaba.

Además, lamenta que aún no exista un acuerdo formal de convivencia:

“La jueza no estableció un acuerdo… lo deja a su arbitrio. Por un lado, me tranquiliza que no los busque porque los ha puesto en riesgo, pero ellos lo buscan y no puedo explicarles por qué no les responde los mensajes”.

“Fue un calvario”

Brenda cuenta que vivió 13 años con Montes y Montes, hasta que en enero de 2022 decidió irse con sus hijos por la violencia que —asegura— sufrió.

No quiero hablar mucho de esos 13 años… esto no se trata de mí, sino de mis hijos”.

Entre 2022 y 2023 hubo “convivencia compartida”, pero nunca se fijó una pensión ni un apoyo constante. En diciembre de 2023 presentó la demanda formal, pero asegura que todo comenzó a complicarse:

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“A partir de que decido demandar la pensión alimenticia ha sido un calvario”.

Como la demanda no avanzaba, en febrero de 2024 promovió un amparo. El expediente 227/2024-2 determinó que la jueza había incurrido en omisiones, aunque el recurso se sobreseyó cuando ella corrigió.

Denuncias, incidentes y procesos sin resolver

Brenda acusa que, cuando el magistrado convive con los niños, suele dejarlos con terceros o solos, lo que derivó en incidentes que los pusieron en riesgo. Por ello presentó:

• una denuncia por maltrato infantil,
• solicitudes de órdenes de protección,
• una denuncia en Combate a la Corrupción,
• demandas por tráfico de influencias,
• y recursos por ejercicio indebido de funciones.

Pero nada ha prosperado.

“En todos lados me cierran las puertas… reservan los expedientes, me los niegan, pero a él lo favorecen”.

Incluso asegura que muchos abogados han rechazado representarla por temor a afectar otros casos ante el Poder Judicial de Colima.

Búsqueda de apoyo institucional

Brenda ha intentado llevar su caso a más autoridades:

¿A quién pidió ayuda?

• Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima:Le envió una carta en mayo de 2024.
• Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer federal: Retomó el caso en marzo de 2025, pero no hubo avances.
• Presidenta Claudia Sheinbaum: En septiembre entregó un sobre con documentos a su equipo, sin respuesta.

Hasta el momento, ninguna de estas instancias ha intervenido directamente.

La respuesta del magistrado

Ante los señalamientos, Juan Carlos Montes y Montes niega cualquier tipo de influyentismo o intervención en los procesos.

Sobre la pensión, sostiene:

“Ella acepta que yo me hago cargo del pago total de las colegiaturas en una escuela privada, también acepta que hago el pago de las actividades deportivas de mis hijos”.

Además, cuestionó que Brenda no impugnara la resolución:

Es provisional y puede modificarse, pero quedó firme porque no apeló”.

Asegura que el monto se fijó considerando que:

• él paga colegiaturas y actividades,
• ella tiene ingresos como trabajadora del Congreso,
• y él ya cubre otra pensión por dos hijos de un matrimonio previo.

Sobre la convivencia, reconoce que su trabajo a veces le impide cumplir:

“En ocasiones la naturaleza de mi trabajo me impide pasar por ellos a la escuela”.

En cuanto a las denuncias de descuido o violencia, afirma que fueron negadas tanto en instancias estatales como federales:

La orden de protección la negaron… no le dieron la razón y el asunto se archivó”.

Finalmente, atribuye la polémica a errores legales de su expareja:

“Con esto intenta presionar mediáticamente para subsanar la omisión del abogado que no apeló a tiempo”.

¿En qué punto está el caso?

• La sentencia definitiva por pensión aún no se emite.
• No hay acuerdo formal de convivencia.
• Las denuncias siguen sin resolverse.
• El expediente continúa activo, sin fecha clara para una conclusión.

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