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CNDH acredita tortura contra siete personas en Veracruz y ordena a la Marina reparar el daño y brindar atención psicológica

La CNDH acreditó tortura contra siete personas en Veracruz y pidió a la Marina reparar el daño.

CNDH acredita tortura contra siete personas en Veracruz y ordena a la Marina reparar el daño y brindar atención psicológica

México. — El día de hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 198VG/2025, en la que acreditó que siete personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura, atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Veracruz.

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El organismo nacional solicitó a la Semar realizar una reparación integral del daño, incluyendo compensación conforme a la Ley General de Víctimas, atención psicológica o psiquiátrica para los afectados y la designación de una persona servidora pública de alto nivel que dé seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

Antecedentes del caso

La CNDH recibió la primera queja el 9 de julio de 2019, cuando se denunció que una víctima permanecía privada de la libertad en el CEFERESO 11 sin sentencia y con riesgo de traslado. En entrevista, la persona relató que había sido detenida por la Marina el 5 de octubre de 2011 en Veracruz y presentada dos días después ante el Ministerio Público Federal, periodo en el que fue objeto de tortura física.

Posteriormente, el 3 de abril de 2024, durante una diligencia jurisdiccional, otras seis víctimas manifestaron haber sido torturadas, lo que llevó al Juzgado de Distrito a dar vista a la CNDH.

Evidencias y dictámenes periciales

La Comisión Nacional informó que las lesiones físicas de una de las víctimas eran consistentes con su versión de haber sido agredida. Además, los dictámenes psicológicos de las otras seis personas concluyeron que presentaban signos de Trastorno de Estrés Postraumático o depresión profunda, confirmando el impacto de los actos de tortura en su salud mental.

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Compromiso institucional

La CNDH subrayó que este caso refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos y garantizar que las instituciones de seguridad actúen conforme a la ley. La recomendación busca que las víctimas reciban justicia y que se eviten nuevas violaciones en el futuro.

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