Reforma a Ley de Extorsión avanza en el Senado con penas de hasta 42 años de prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron por unanimidad el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La minuta, que sufrió cambios en múltiples artículos, fue turnada a la Mesa Directiva con miras a su discusión y votación en el pleno del Senado. La sesión para este debate está prevista para una segunda sesión vespertina.

Así sería el nuevo esquema de penas

La reforma propone un sistema de sanciones que combina una pena base con una serie de agravantes, lo que podría resultar en condenas de prisión muy largas.

• Pena base: Se establece una pena de 15 a 25 años de prisión para quien cometa el delito de extorsión.
• Penas agravadas (hasta 42 años): La ley contempla 34 circunstancias agravantes que pueden incrementar la condena. La pena máxima de 42 años de prisión se aplicaría a casos como extorsiones cometidas por integrantes de grupos criminales, aquellas realizadas por servidores públicos o guardias de seguridad privada, las que impliquen violencia y, de manera específica, los “montachoques” (accidentes vehiculares provocados para extorsionar).
• Otras penas agravadas: El dictamen también prevé penas de hasta 37 años por extorsión a grupos de migrantes y hasta 33 años por el cobro de “piso” a negocios o a candidatos y funcionarios electos.

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México

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Sanciones para servidores públicos y funcionarios penitenciarios

La iniciativa es particularmente estricta con los servidores públicos que faciliten, permitan o no combatan el delito.

• Omisión en la denuncia: Un servidor público con funciones en materia de seguridad, justicia o custodia penitenciaria que se abstenga de denunciar un caso de extorsión enfrentará una pena de 10 a 20 años de prisión, además de ser destituido e inhabilitado para cargos públicos.
• Introducción de dispositivos a prisiones: Para quien introduzca ilegalmente teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de comunicación en un centro penitenciario, la pena será de 6 a 12 años de prisión. Esta medida busca atacar una de las fuentes más comunes de las extorsiones telefónicas.

Un delito de acción perseguida de oficio y con denuncia anónima

Uno de los cambios más significativos es que el delito de extorsión será perseguido de oficio. Esto significa que el Ministerio Público podrá iniciar una investigación sin que la víctima tenga que presentar una denuncia formal, con el objetivo de combatir la alta cifra negra, que se estima en un 97% de casos no denunciados por miedo a represalias. Asimismo, se contempla un mecanismo de denuncia anónima para proteger la identidad de las víctimas.

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Respaldo político y financiamiento

La reforma contó con el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios en las comisiones. Senadores del PRI y el PAN expresaron su apoyo a la minuta, aunque anunciaron que presentarán reservas durante la discusión en el pleno para fortalecer algunos artículos. Respecto a la viabilidad de la ley, se aclaró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 ya se contemplan los recursos financieros necesarios para su implementación.

Esta reforma representa un esfuerzo legislativo para dotar al Estado de herramientas más robustas frente a un delito que afecta gravemente a la población y a las actividades económicas. El avance de la ley dependerá de lo que suceda en la sesión del pleno del Senado.