MÉXICO.- Las reformas a la Ley Antilavado delegan a los agentes inmobiliarios la responsabilidad de rastrear operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma obliga a verificar los ingresos de personas o empresas interesadas en adquirir inmuebles y a reportar cualquier irregularidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A pesar de los avances, expertos advierten que gran parte del sector no cuenta con el personal ni las herramientas necesarias para cumplir con las nuevas obligaciones.

¿Qué cambia con las reformas?

Según especialistas consultados, los asesores inmobiliarios deberán:

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• Investigar la procedencia de los recursos con los que sus clientes pretenden comprar una propiedad.
• Realizar un análisis formal de riesgo sobre la operación y el comprador.
• Conservar expedientes por al menos 10 años.

• Implementar políticas internas y manuales de prevención.
• Reportar operaciones inusuales o preocupantes a la UIF y al SAT.
• Limitar el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias.
• Automatizar procesos y monitoreo de clientes para garantizar trazabilidad.
• Identificar al beneficiario controlador en cada operación.

Preocupación en agentes inmobiliarios por falta de capacidades

Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, señaló que muchos asesores no cuentan con las facultades ni los recursos para investigar los ingresos de los compradores.

Dentro de nuestra asociación identificamos que 40 por ciento trabaja una sola persona como asesor dentro de una empresa (para realizar este tipo de tareas de investigación)”, explicó.

Advirtió que, aunque la legislación avanza hacia un mayor control, el gremio enfrenta limitaciones operativas y falta de capacitación que podrían generar incumplimientos involuntarios.

Quiénes están obligados a realizar la verificación

Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, explicó que la responsabilidad ahora recae directamente en los asesores inmobiliarios y entidades que participan en transacciones de inmuebles.

La responsabilidad cae ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario de la transacción, como en su momento fueron los notarios”, dijo.

Agregó que se debe efectuar un análisis formal del riesgo de cada operación: “Hay que hacer un análisis formal de riesgo, es decir, el modo y la forma en que se van a comprar la vivienda y los antecedentes con otras entidades”.

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Obligación de contar con un oficial de cumplimiento

Elimelec Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (Asonoc), indicó durante una plática con socios de AMPI Monterrey que la legislación amplía las obligaciones para asesores y desarrolladores inmobiliarios.

“Ya no hay opción: los agentes inmobiliarios deben contar con un encargado de cumplimiento, un manual y mecanismos automatizados para prevenir el lavado de dinero”, afirmó.

También advirtió sobre el peso de las sanciones: “Las multas por omitir avisos pueden superar el millón de pesos por cada falta, así que es fundamental profesionalizar los procesos de prevención”.

Por qué se busca limitar el uso de efectivo en inmuebles

Moreno explicó que las reformas buscan impedir que los grupos criminales utilicen el sector inmobiliario para introducir dinero ilícito a la economía formal.

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“Al tener una limitante en el uso de efectivo, se evita que el dinero sin origen comprobable se canalice hacia bienes inmuebles o vehículos de lujo”, señaló.

El especialista destacó que el análisis de riesgo y la identificación del beneficiario controlador permitirán dar mayor trazabilidad a las operaciones.

Concientización del sector: cumplimiento como una práctica regular

Juan Manuel Escobedo, presidente de AMPI Monterrey, consideró que el gremio debe adoptar el cumplimiento como parte habitual de su operación diaria.

“Así como tenemos un contador público, debemos tener un oficial de cumplimiento y para quienes ya comprendemos el espíritu de la ley, no es una carga más, sino una obligación que debemos ver igual que el pago de impuestos”, afirmó.

¿Los agentes inmobiliarios ahora investigarán mis ingresos?

Sí. La ley obliga a revisar la procedencia de los recursos usados para adquirir un inmueble, así como a conservar el expediente por 10 años.

¿Qué pasa si una empresa inmobiliaria no cuenta con personal capacitado?

Puede incumplir las obligaciones sin intención. Expertos alertan que muchos asesores operan solos y no tienen mecanismos de verificación.

¿Cuánto puede costar una multa por omitir reportes?

Las sanciones pueden superar un millón de pesos por cada falta.

¿El uso de efectivo estará limitado?

Sí. La ley busca cerrar espacios al dinero de origen no comprobable en operaciones inmobiliarias.

Con información de Reforma y Milenio.

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