Mientras Movistar anuncia su salida definitiva del mercado mexicano, Claudia Sheinbaum pide reporte sobre el adeudo fiscal de la empresa con el SAT

CIUDAD DE MÉXICO.— La salida de Movistar del mercado mexicano no solo representa un cambio en el panorama de las telecomunicaciones, sino también un tema fiscal que escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria fue cuestionada sobre la deuda millonaria que la empresa mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aunque evitó emitir un pronunciamiento directo, solicitó a su equipo un reporte sobre la situación legal del caso.

“Vamos a pedir una tarjeta para que nos digan en qué situación están, para poderlo informar”, respondió la presidenta Sheinbaum durante la conferencia del jueves 6 de noviembre, cuando fue consultada sobre el tema.

México

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El adeudo de Movistar: más de 4 mil millones de pesos

De acuerdo con el expediente judicial, la filial mexicana de Telefónica, Pegaso PCS S.A. de C.V., mantiene un adeudo de 4 mil 442 millones de pesos con el SAT, derivado de un conflicto fiscal que se originó tras una fusión corporativa realizada en 2014.

El núcleo del litigio se centra en la negativa del SAT a permitir la deducción de gastos derivados de esa fusión, lo que generó una disputa que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La compañía presentó el recurso de reclamación 158/2025, con la intención de que la Segunda Sala de la Corte resolviera el caso antes de la renovación del Pleno. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

El caso se detiene en la Corte: la ministra Batres rompe el quórum

El asunto estaba programado para resolverse el 18 de junio, en una sesión privada de la Segunda Sala de la SCJN. Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama se abstuvo de votar, lo que rompió el quórum y detuvo la discusión del caso fiscal.

Ante esta situación, Movistar, representada legalmente por el abogado Christian Benjamín Hurtado Villanueva, invocó el artículo 17 constitucional y un transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, argumentando que el caso debía resolverse bajo las normas anteriores a la reforma judicial.

Con la entrada en vigor de la nueva ley y la reconfiguración del Pleno de la Corte, los asuntos pendientes en las salas, incluido el de Movistar, serán revisados directamente por el Pleno, lo que podría retrasar la resolución definitiva.

Sheinbaum: “Ese dinero es del pueblo”

En una conferencia previa, el pasado 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió de manera indirecta al caso, al señalar que los recursos involucrados en el litigio “pertenecen al pueblo de México”.

“Esperamos que los ministros actúen con apego al derecho, sin presiones y con total transparencia. Es importante recordar que los 4 mil 442 millones de pesos que Movistar busca no pagar son recursos públicos”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum también sugirió que, si el litigio no podía resolverse con la actual integración de la Corte, el asunto fuera transferido al nuevo Pleno, con el objetivo de evitar conflictos de interpretación.

Telefónica anuncia su salida de México, Venezuela y Chile

Mientras tanto, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, confirmó la decisión corporativa de replegar sus operaciones en América Latina y concentrar la presencia de la empresa en sus mercados más rentables: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

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La salida de Movistar de México —anunciada oficialmente a finales de octubre— forma parte de una estrategia de reducción de exposición regional, ante un entorno de alta competencia, baja rentabilidad y presiones fiscales.

El movimiento también responde a un proceso global de restructuración del grupo Telefónica, que busca optimizar recursos y fortalecer su posición en los mercados con mayor retorno financiero.

Impacto en el mercado mexicano

Aunque Movistar mantendrá sus operaciones hasta concluir su proceso de salida, analistas del sector consideran que su partida reconfigurará el mercado de las telecomunicaciones en México, actualmente dominado por Telcel y AT&T.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), Movistar contaba con alrededor del 18 % del mercado móvil mexicano, atendiendo a más de 20 millones de usuarios. Su salida podría traducirse en una redistribución significativa de clientes y espectro radioeléctrico.

Además, la empresa mantiene acuerdos de infraestructura compartida con AT&T y diversos operadores virtuales, los cuales deberán redefinirse en los próximos meses.

Un caso emblemático para la relación entre empresas y el fisco

El litigio entre Movistar y el SAT se perfila como uno de los casos fiscales más relevantes de los últimos años, no solo por el monto en disputa, sino por el precedente legal que podría sentar en materia de deducciones corporativas y responsabilidad tributaria de empresas extranjeras.

La resolución de la Suprema Corte será clave para determinar si las operaciones de fusión y reorganización empresarial pueden generar deducciones bajo ciertos criterios, o si la autoridad fiscal puede mantener su interpretación más restrictiva.

Mientras tanto, el Gobierno federal mantiene su postura de fortalecer la recaudación y evitar la evasión fiscal, en línea con la política de “cero privilegios a grandes corporaciones” promovida desde la administración anterior.

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