Buscan reformar Ley de Armas para garantizar destrucción de arsenales; iniciativa obligaría a Sedena a destruir armas ilegales con trazabilidad y supervisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruya las armas aseguradas o decomisadas bajo un protocolo público, trazable y auditable.

La propuesta, turnada a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, establece que todas las armas, objetos y materiales que no sean destinados a remate administrativo o judicial deberán ser destruidos por la Sedena, garantizando transparencia en todo el proceso.

La iniciativa precisa que el protocolo deberá incluir, al menos:

• Un registro detallado de cada arma y sus características.
• Mecanismos de trazabilidad y custodia desde su aseguramiento hasta la destrucción.
• Supervisión por órganos de control internos y externos.
• La elaboración de informes periódicos con datos estadísticos generales que se publicarán en los portales oficiales de transparencia.

Además, se establece que, transcurrido un plazo legal sin que una persona interesada acredite la licencia correspondiente, las armas, municiones, cargadores y accesorios asegurados serán remitidos a la Sedena para su destrucción definitiva.

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En la exposición de motivos, la legisladora señaló que México enfrenta desde hace décadas una grave problemática vinculada con la proliferación de armas de fuego, cuya presencia ha potenciado fenómenos de violencia e inseguridad.

“De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el país se realizan con armas de fuego”, mencionó Ballesteros Mancilla.

La diputada también alertó sobre nuevas prácticas delictivas, como la fabricación de armas mediante impresión 3D y otros métodos artesanales, lo que dificulta su control por parte de las autoridades. “Esta realidad demanda un marco normativo actualizado que prohíba expresamente estas prácticas y sancione de manera ejemplar su comisión”, subrayó.

Aunque reconoció que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2025 constituye un avance, advirtió sobre un “vacío legal” que podría perpetuar riesgos de opacidad en el manejo de armas ilegales, al no existir un mecanismo estandarizado que garantice la trazabilidad de las armas decomisadas desde su incautación hasta su destrucción.

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La iniciativa busca que la destrucción de armas deje de depender de la “discrecionalidad de la autoridad” y se convierta en un mandato legal con principios de transparencia y supervisión ciudadana, para prevenir el desvío de armas hacia el mercado ilegal y consolidar una política pública de desarme.