Quiénes han sido declarados personas non gratas en México y por qué
La figura se ha usado para manifestar rechazo político y diplomático a declaraciones y acciones de extranjeros, aunque desde 2022 el gobierno la dejó sin efecto para garantizar la libertad de expresión.

La figura de persona non grata volvió al centro del debate político luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobara una moción para aplicarla a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque la propuesta fue rechazada por el gobierno mexicano, el episodio reactivó la discusión sobre cómo y cuándo se ha utilizado esta figura en el país.
En México, esta designación ha sido utilizada tanto a nivel federal como estatal para expresar rechazo hacia declaraciones o acciones de líderes políticos, activistas o diplomáticos extranjeros consideradas ofensivas o contrarias a intereses nacionales.

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¿Qué significa ser declarado persona non grata?
De origen latino, el término se emplea en diplomacia para indicar que la presencia o actuación de un representante extranjero es rechazada por el Estado anfitrión. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas respalda la medida en su artículo 9.
Implicaciones
- El gobierno puede declarar persona non grata sin explicar motivos.
- La persona debe abandonar el país en un plazo determinado.
- Pierde inmunidad y privilegios diplomáticos, si los tenía.
- Cuando se aplica a figuras sin cargo diplomático, funciona como rechazo político y mensaje público, sin ejercer expulsión.
Por qué México ha aplicado esta figura
En distintos momentos, autoridades mexicanas han utilizado esta medida en respuesta a:
- Declaraciones públicas consideradas ofensivas.
- Participación de extranjeros en conflictos sociales o protestas nacionales.
- Activismo político percibido como intervención en asuntos internos.
- Vínculos con organizaciones armadas o movimientos radicales.
Sin embargo, en diciembre de 2022, la Secretaría de Gobernación eliminó este estatus para quienes lo recibieron entre 2006 y 2018, con el argumento de que debía respetarse la libertad de expresión, incluso de extranjeros.
Personas declaradas non gratas en México (2006–2018)
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012)
La mayoría de los casos estuvieron relacionados con el conflicto social de Texcoco y Atenco, activismo político y críticas al gobierno.
- Valentina Cortés Torrida (España) – Participación en el conflicto de Texcoco y Atenco.
- Cristina Valls Hernández (España) – Opiniones sobre la represión policial en Atenco.
- Samantha Vietmar (Alemania) – Producción de documentales políticos.
- Mario Alberto Aguirre (Chile) – Arrestado tras disturbios en Atenco.
- Valentina Palma Novo (Chile) – Críticas a políticas indígenas del gobierno.
- Edgar Molina Gallego (Colombia) – Apoyo a movimientos anarquistas.
- Stephen Compton (Australia) – Involucrado en actividades políticas en México.
- Miguel Ángel Beltrán Villegas (Colombia) – Relacionado con las FARC.
- Asier Altuna (España) – Vinculado al grupo vasco Sortu.
- Floren Aoiz (España) – Vinculado también a Sortu.
- Leonilda Zurita Vargas (Bolivia) – Opiniones sobre relaciones y conflictos sociales.
- Manu Chao (Francia/España) – Declaraciones públicas sobre el caso Atenco.
- María Sostres (España) – Activista de derechos humanos crítica del gobierno.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018)
- Kim Hyong Gil (Corea del Norte) – Embajador cuyas declaraciones provocaron tensiones diplomáticas.
- Alfredo Bonnano (Italia) – Activista anarquista involucrado en movimientos políticos.
- Juan Jesús Narváez Goñi (España) – Vinculado a ETA.
- Iciar Alberdi Uranga (España) – También relacionada con ETA.
El cambio de política en 2022
En diciembre de 2022, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció la eliminación del estatus de persona non grata para todos los señalados entre 2006 y 2018, afirmando:
El gobierno garantiza la libertad de expresión, y esta figura fue utilizada para sancionar opiniones políticas”.
Con ello, la decisión marcó un giro hacia una política migratoria y diplomática más abierta y menos punitiva en temas de posicionamientos ideológicos.
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