Morena aprueba reducir penas por extorsión; PAN acusa que la modificación tiene como objetivo beneficiar a Hernán Bermúdez y protestan en el pleno

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 339 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión que reduce las penas para servidores públicos que omitan denunciar este delito, luego de una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

La reforma disminuye la condena para funcionarios con atribuciones de investigación que no reporten casos de extorsión, de una pena original de 10 a 20 años de prisión a una nueva de 5 a 12 años. Monreal justificó el cambio en tribuna argumentando proporcionalidad: “No se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que no informa, frente al que es extorsionador”.

Sin embargo, diputados del PAN acusaron que la modificación tiene como objetivo beneficiar a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del senador Adán Augusto López, quien actualmente enfrenta un proceso por extorsión. “Esto es una reforma política que tiene nombre, tiene apellido, y este es un beneficiario”, afirmó el diputado David Azuara.

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Preocupación por libertad de expresión

En el mismo debate, el PAN alertó sobre posibles efectos censores en la ley aprobada. El vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, explicó que los artículos 15 y 17 incorporan el concepto de “violencia moral o psicológica” como elemento del delito de extorsión, lo que podría criminalizar expresiones legítimas como sátira política, cartones periodísticos o crítica a funcionarios.

La bancada panista presentó una reserva para excluir de la ley las comunicaciones realizadas en el marco de la normatividad aplicable a medios de comunicación, pero fue rechazada por la mayoría morenista.

Aspectos generales de la nueva ley

La legislación, aprobada en lo general por unanimidad, establece un tipo penal básico para extorsión con penas de 6 a 15 años de prisión, contemplando 34 agravantes que podrían aumentar la condena hasta 25 años de cárcel en casos que impliquen grave afectación a la integridad de las víctimas o impacto económico y social.

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La minuta fue remitida al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.