ONU activa artículo 34 contra México por desapariciones forzadas; colectivos y ONG ven oportunidad histórica para rendición de cuentas

Ciudad de México.— La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha generado un debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Expertos, activistas y organizaciones civiles coinciden en que la medida representa una oportunidad histórica para la rendición de cuentas y la implementación de estrategias efectivas de búsqueda y prevención.

El CED, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, tomó la decisión tras analizar información recibida desde 2014, incluyendo denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita a México.

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El artículo 34 establece que, si el Comité encuentra indicios de una práctica sistemática de desapariciones forzadas y tras solicitar información al Estado considera que la situación lo amerita, puede llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General.

“Cuando no tienes una estrategia nacional de búsqueda ni de investigación, y las comisiones trabajan con cinco personas para buscar a 5 mil desaparecidos, eso es omisión. Y eso es aquiescencia. Y eso convierte todas las desapariciones en forzadas”, señaló Grace Fernández, activista del colectivo Búscame.

Definición y contexto internacional

Según la Convención, la desaparición forzada implica el arresto, detención o secuestro por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, seguido del ocultamiento del paradero o la negativa a reconocer la detención, dejando a la víctima fuera de la protección de la ley.

El artículo 5 establece que la práctica sistemática o generalizada constituye un crimen de lesa humanidad, con consecuencias en el derecho internacional, incluida la posible revisión por la Corte Penal Internacional, de la cual México es parte.

Respuesta del gobierno mexicano

La cancillería mexicana declaró que el país está abierto al escrutinio internacional, pero calificó las afirmaciones del CED como “carentes de sustento”.

Aseguró que se ha fortalecido la búsqueda de personas y que se presentó un informe detallado al Comité que debe ser analizado “con objetividad antes de emitir nuevos juicios”.

Perspectiva de colectivos y ONG

Para activistas como Grace Fernández, el procedimiento internacional es una herramienta clave para cuestionar al Estado y exigir responsabilidad.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, consideró la activación como un reconocimiento internacional de la gravedad de la crisis, que se ha intensificado desde 2007 con la militarización de la seguridad pública.

Jonathan Ávila, del CEPAD, destacó que el proceso abre dos posibilidades:

1. Revisión internacional sobre la capacidad del Estado para enfrentar la crisis.
2. Cooperación y diálogo internacional, que incluya tecnología, estrategias y apoyo forense.

Ávila advirtió que, de determinarse responsabilidades, el caso podría escalar a la Asamblea General de la ONU, donde los Estados miembros decidirían posibles sanciones o mecanismos de cooperación.

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La crisis de desapariciones en cifras

• Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 338,879 personas desaparecidas.
• 120,196 siguen sin ser localizadas (35.47%).
• 218,683 han sido localizadas con o sin vida, de las cuales 17,895 se encontraron sin vida (8.18%).

Estados con mayor número de desaparecidos:

• Estado de México: 14 mil 500
• Jalisco: 14 mil 263
• Tamaulipas: 13 mil 488

En total, suman 131 mil 218 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país desde 2007.

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