Gobierno de México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas; el gobierno las calificó como “carentes de sustento”

El gobierno de México rechazó este jueves las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), las cuales indican la existencia de “indicios de que en el país esa práctica es generalizada y sistemática”. A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que dicha posición “carece de sustento y no es admisible”.

La respuesta oficial se emitió tras la presentación del informe anual del relator del CED, Juan Pablo Albán, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes pasado.

En su intervención, Albán informó sobre la aplicación a México, iniciada en abril pasado, del mecanismo de investigación previsto en el artículo 34 de la Convención internacional sobre el tema, un procedimiento reservado para casos de especial gravedad.

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La SRE sostuvo que la desaparición de personas “es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”. No obstante, enfatizó que este “fenómeno” está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.

Como parte de las acciones gubernamentales, la Cancillería refirió que “se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.

La SRE sostuvo que la desaparición de personas “es un delito grave que se combate en México”

La postura de la SRE fue respaldada por la intervención del embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, quien el mismo martes reafirmó el compromiso del país con el diálogo, pero subrayó que el mecanismo del artículo 34 “debe reservarse a situaciones excepcionales”. El gobierno planteó que la aplicación de este procedimiento “debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención”.

Cabe recordar que, según se dio a conocer, hace dos semanas la SRE había solicitado que su respuesta oficial al CED se mantuviera en confidencialidad, un pedido que finalmente no fue atendido en el proceso de rendición de cuentas ante el organismo internacional.