Basura tóxica y abandono: clausuran tiradero ilegal en zona rural de Sinaloa
Profepa clausura tiradero clandestino en zona rural de Sinaloa por acumulación de residuos peligrosos sin control ni permisos.
El pasado 20 de octubre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un tiradero a cielo abierto ubicado en los límites de los municipios de Guasave y Sinaloa, tras confirmar la disposición ilegal de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y peligrosos. La medida se tomó como acción preventiva ante el riesgo ambiental y sanitario que representa el sitio, luego de atender diversas denuncias ciudadanas.
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El predio inspeccionado, de aproximadamente 6.1 hectáreas, había sido utilizado como banco de extracción de material pétreo para la construcción de una carretera hacia Estación Bamoa, pero actualmente funcionaba como depósito clandestino de desechos.
Residuos peligrosos sin control ni responsables
Durante la inspección, el personal de Profepa observó recipientes con aceite lubricante usado y envases vacíos de agroquímicos, clasificados como peligrosos según la NOM-052-SEMARNAT-2005. Estos materiales, al estar expuestos sin control, representan un riesgo directo para el suelo, el agua y la salud de las comunidades cercanas.
El sitio era utilizado por habitantes de la zona como tiradero informal, sin que existiera un responsable identificado ni autorización oficial. Incluso, al solicitar apoyo a la síndica municipal del Ejido Maquipo, esta informó que no contaba con permiso del ayuntamiento para intervenir, lo que evidenció el abandono institucional del predio.
Clausura precautoria y seguimiento legal por daño ambiental
Ante la gravedad de la situación y la presencia de residuos peligrosos, Profepa impuso la clausura total como medida de seguridad, colocando sellos oficiales para evitar mayores daños. Esta acción se realizó conforme a la legislación ambiental vigente, con el objetivo de frenar la contaminación y proteger el entorno.
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La dependencia anunció que dará seguimiento jurídico al caso para garantizar el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones administrativas o penales si corresponde. Además, reafirmó su compromiso con la vigilancia ambiental y la atención inmediata a las denuncias ciudadanas que permiten detectar y frenar prácticas ilegales.
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