Clausuran pista de motocross en Yucatán: devastaron más de 4 hectáreas de selva sin permiso ambiental

Chicxulub Pueblo, Yucatán, 21 de octubre de 2025. — La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total y temporal una pista de motocross construida ilegalmente en terrenos forestales del municipio de Chicxulub Pueblo. La medida se tomó tras comprobar que el predio operaba sin autorización en materia de impacto ambiental y que las obras habían afectado una superficie aproximada de 4.27 hectáreas de selva baja caducifolia.

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Durante una inspección realizada el pasado 7 de octubre, personal de la Profepa constató la remoción de vegetación natural, así como la construcción de vialidades con material pétreo, nivelación del terreno y un circuito cerrado con obstáculos, saltos y curvas pronunciadas, diseñado para actividades deportivas de motocross.

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Daño ambiental y clausura inmediata

Las actividades detectadas implican una modificación directa del uso de suelo en terrenos forestales, lo cual requiere autorización previa conforme a la legislación ambiental vigente. Al no presentarse dicho permiso, la Profepa determinó como medida de seguridad el cese inmediato de las obras y la clausura total del sitio.

La zona afectada forma parte de un ecosistema clave para la región, caracterizado por su biodiversidad y su papel en el equilibrio ecológico. La remoción de vegetación y la alteración del terreno representan una amenaza directa para la flora y fauna local, además de contribuir a la degradación del entorno natural.

Vigilancia ambiental y protección del territorio

La Profepa reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de actuar con firmeza ante cualquier afectación a los ecosistemas forestales del país. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades que pongan en riesgo el medio ambiente, recordando que la protección del patrimonio natural es una responsabilidad compartida.

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Este caso en Chicxulub Pueblo evidencia la urgencia de reforzar la supervisión sobre proyectos que alteran el uso del suelo, especialmente en zonas con alta riqueza ecológica.