Presenta Sheinbaum iniciativa para tipificar la persecución del delito de extorsión a nivel nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta noche a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley General de Extorsión, que unificará en todo el país la persecución de este delito, permitirá denuncias anónimas y establecerá penas de prisión de 6 a 15 años, con 43 agravantes específicos.

La propuesta, que incluye reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, busca combatir la expansión y sofisticación de este ilícito, que se ha visto facilitado por el uso de herramientas telefónicas, electrónicas y tecnológicas que permiten a los agresores operar sin contacto directo con sus víctimas.

La iniciativa establece tres categorías de agravantes que incrementarán las penas:

• Primera categoría: Extorsión relacionada con cobro de piso, imposición de precios, uso del sistema financiero o cometida contra candidatos electorales.
• Segunda categoría: Delitos contra migrantes, menores de edad, embarazadas o adultos mayores.
• Tercera categoría: Casos donde se amenace la integridad física, se use violencia, se simulen accidentes de tránsito (“monta choques”), participen menores o funcionarios públicos, o se afecte directamente la economía estatal.

Además, se sancionará a quienes encubran o provean apoyo logístico a los extorsionadores, y las sentencias deberán incluir la reparación integral del daño.

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Combate a la extorsión desde centros penitenciarios

La iniciativa aborda específicamente el combate a la extorsión coordinada desde cárceles. Propone sancionar a quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, herramientas comúnmente utilizadas para este fin, y obliga a los directores de penales a implementar sistemas de bloqueo de señales de voz, datos e imágenes.

“Con esta iniciativa se pretende cerrar el círculo de impunidad, combatiendo no solo a los autores, sino a toda la red que sostenga la comisión de este delito”, señaló Sheinbaum en la exposición de motivos.

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La propuesta también incluye la tipificación como delitos graves de la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, ante el incremento en el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.

La iniciativa queda ahora en manos de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.