Denuncia INE a 21 funcionarios por violar Padrón Electoral; registraron casos de usurpación de identidad y capturas irregulares

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto denuncias penales o aplicado destituciones en contra de 21 funcionarios durante este año, por incurrir en diversas irregularidades relacionadas con el uso indebido del Padrón Electoral, con lo que violaron la confidencialidad de los datos de los ciudadanos.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, los empleados implicados participaron, de manera directa o indirecta, en la tramitación de credenciales para votar utilizando documentación alterada o hicieron un mal uso del sistema del Registro Federal de Electores. Los hechos se registraron en los estados de México, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.

Casos específicos de irregularidades

Uno de los casos más significativos ocurrió en un módulo del INE en Guanajuato, donde dos funcionarios realizaron 19 capturas irregulares en el sistema del Registro Federal de Electores, acción considerada como un delito electoral.

México

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La Contraloría Interna y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto realizaron una investigación durante varios meses, la cual culminó en mayo con la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En Sinaloa, otro caso grave involucró a una empleada que, a pesar de tener la obligación de verificar la identidad de los solicitantes, no detectó que estaba frente a un caso de usurpación de identidad.

El infractor era un candidato a un cargo de elección popular local, quien no solo presentó documentación alterada, sino que también firmó con el nombre de otra persona. El INE determinó que la funcionaria “tenía pleno conocimiento de que debía realizar la identificación con los registros de la base de datos, sin embargo, continuó con el trámite”.

La normativa interna del INE es clara al establecer que “los documentos, datos e informes que las personas ciudadanas proporcionen al Registro Federal de Electores, serán estrictamente confidenciales” y solo podrán revelarse en el contexto de procedimientos legales donde el Instituto sea parte.

Precisamente, el INE defiende contar con reglas estrictas para garantizar la confiabilidad y seguridad del Padrón. Este principio es central en su crítica a la nueva legislación que establece la creación de la CURP biométrica y obliga al organismo a compartir la información del Padrón, la cual contiene datos personales de aproximadamente 100 millones de mexicanos.

El Instituto ha manifestado su preocupación ya que la nueva disposición carece de los controles necesarios para proteger la información. En un reporte sobre los impactos de esta ley, el INE advirtió que “la exigencia de un acceso irrestricto podría entrar en tensión con las disposiciones legales que establecen la confidencialidad de los datos”.

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La institución subraya que esta medida “requeriría definir con claridad los límites, condiciones y mecanismos legales y tecnológicos” para el acceso a la información, ya que, de lo contrario, “se podría perder el control sobre qué persona o institución accederá al Padrón Electoral”.