Proponen triplicar castigo por amenazas de bomba en CDMX; Fiscalía alerta por aumento del delito

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió al Congreso local aprobar una reforma para triplicar las penas por amenazas de bomba, tras una serie de falsas alertas que han afectado a escuelas y universidades como la UNAM y la UAM, según datos de La Jornada.

Fiscalía capitalina busca endurecer sanciones por amenazas de bomba

Autoridades de la Ciudad de México solicitaron al Congreso capitalino aprobar una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por amenazas, especialmente las relacionadas con bombas o artefactos explosivos, luego de los recientes casos ocurridos en planteles escolares y universidades.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), este tipo de conductas representan un riesgo creciente para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades educativas.

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Amenazas de bomba llegan a la UAM: Ola de alertas falsas en universidades públicas

“Hoy en día este delito se está presenciando en instalaciones de universidades y es importante perseguir este tipo de delitos que afectan a la comunidad estudiantil entera”, declaró la fiscal Bertha Alcalde.

La propuesta: penas más severas y agravantes específicas

Actualmente, el delito de amenazas contempla una sanción de uno a dos años de prisión, pero la Fiscalía capitalina propone que las penas se tripliquen cuando existan agravantes, como:

• Si se realizan con arma de fuego o punzocortante.
• Si el agresor se ostenta como miembro de un grupo delictivo.
• Si la amenaza tiene como fin causar la muerte.
• Si se efectúa con bombas o aparatos explosivos.
• O si se dirige contra personas que participen en un proceso penal para obstaculizar o influir en su testimonio.

De aprobarse, la reforma buscaría fortalecer la persecución penal de estos actos, que la FGJCDMX considera la antesala de otros delitos graves como el homicidio.

Universidades afectadas por falsas alertas

En las últimas semanas, universidades públicas de la capital han sido escenario de recurrentes amenazas de bomba que resultaron ser falsas alarmas.La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Cuajimalpa, se sumó recientemente a la lista de instituciones afectadas, luego de recibir una amenaza similar a las reportadas en la UNAM durante tres semanas consecutivas.

Según La Jornada, las autoridades de la UAM activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, realizando una revisión exhaustiva de las instalaciones.El resultado fue negativo: no se localizó ningún objeto sospechoso.

La institución confirmó mediante un comunicado que se trató de una falsa alarma y destacó su colaboración con el gobierno capitalino para garantizar la integridad de la comunidad universitaria.

La UAM y la UNAM investigan a los responsables

La UAM anunció que realizará las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables, con el apoyo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).El objetivo es deslindar responsabilidades mediante los canales legales establecidos y prevenir nuevos incidentes.

Por su parte, la UNAM ha enfrentado una serie de amenazas de bomba desde finales de septiembre:

• El 7 de octubre, la Preparatoria 8 fue desalojada por una presunta amenaza que provocó el cierre de la Avenida Lomas de Plateros en Álvaro Obregón.
• Un día antes, el 6 de octubre, la Prepa 6 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron evacuadas por alertas similares.
• La Preparatoria 8 ya había sido evacuada el 29 de septiembre por un mensaje anónimo que advertía sobre un explosivo, aunque sin evidencia real.

Avances en las investigaciones

La UNAM informó sobre avances importantes en la identificación de los presuntos responsables.Gracias a los trabajos conjuntos entre la FGJCDMX y la Policía Cibernética, se logró ubicar a dos personas señaladas como probables implicadas en la difusión de las falsas amenazas.Ambos ya fueron citados a declarar, lo que representa un paso clave en el proceso legal para sancionar a quienes generen pánico en espacios públicos y educativos.

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