Gobierno de la Ciudad de México propone endurecer sanciones para notarios y funcionarios coludidos con despojo de inmuebles, incluyendo penas de hasta 11 años de prisión y multas superiores a 450 mil pesos
La reforma establece que habrá mala fe cuando existan indicios de falsificación o manipulación notarial y registral.

Ciudad de México.– El gobierno de la Ciudad de México presentó al Congreso local un paquete de iniciativas legislativas que buscan modificar el Código Penal y otras leyes con el objetivo de sancionar con mayor severidad a los notarios públicos y funcionarios coludidos con delitos de despojo de inmuebles.
Según el documento enviado, actualmente se abusa del principio de “buena fe” en casos de despojo, lo que privilegia la posesión de un bien incluso cuando el título correspondiente sea resultado de simulación, fraude, falsificación o manipulación registral.
Esta situación ha generado que la carga probatoria recaiga en los denunciantes, quienes enfrentan procesos judiciales largos y costosos.
Para contrarrestar esta problemática, se propone modificar el Código Civil y establecer que exista “mala fe” cuando existan indicios de falsificación o manipulación notarial y registral.
Asimismo, se busca elevar la sanción penal hasta 11 años de prisión a quienes simulen actos jurídicos, suplanten identidades o impidan el disfrute material de un bien inmueble ajeno.
El paquete incluye agravantes específicos: las penas se incrementarían y se podrían imponer multas de más de 450 mil pesos si el delito se comete contra adultos mayores o si involucra al titular de una notaría en ejercicio.
Otras modificaciones al Código Penal
- Asociación delictuosa: se propone aumentar hasta 10 años de prisión y multas de 226 mil pesos a quienes formen parte de bandas de tres o más personas dedicadas a delinquir, con incremento de pena en un 50% para líderes de la organización. Las penas existentes también se endurecerían, alcanzando hasta 15 años de prisión y multas superiores a 790 mil pesos.
- Amenazas: se consideran graves aquellas que puedan acabar con la vida, incrementando la sanción a dos años de prisión y triplicando la pena en caso de agravantes específicas.
- Delitos por motivos de género: se propone un incremento de dos terceras partes de la pena cuando la lesión sea infligida por razones de género o por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas.
Con estas reformas, la administración capitalina busca cerrar vacíos legales que actualmente favorecen la comisión de delitos de despojo y fortalecer la protección de los derechos patrimoniales de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.
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