Funcionarios de Hacienda y Aduanas informaron a senadores sobre la nueva aplicación para rastrear y combatir el huachicol

Como una estrategia clave para eliminar el llamado huachicoleo fiscal, el Gobierno federal desarrolla una aplicación tecnológica que permitirá rastrear la “trazabilidad” de todo el combustible que ingrese por los puertos mexicanos, reveló Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de Aduanas con senadores, con el objetivo de analizar las reformas a la Ley Aduanera.

En dicho encuentro, las autoridades detallaron que, en los últimos dos años, se han abierto 108 querellas contra implicados en delitos de contrabando de hidrocarburos y se ha logrado la sentencia de 78 personas.

México

¿Cómo se repartían el dinero? Recibían sobornos de 1.7 millones por cada buque cargado de “huachicol fiscal”

La aplicación: cerco tecnológico al huachicol

Marín Mollinedo explicó que en la confección de esta herramienta de rastreo participan la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Energía (SENER), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el SAT.

Vamos a poder determinar la trazabilidad de los combustibles y saber desde los que son de importación, los que entran al país, a dónde van, a qué central de almacenamiento llega y esa central de almacenamiento a quién le vende y luego hasta que lleguen a las gasolineras".

—  Marín Mollinedo.

Agregó: “Se está elaborando una aplicación que nos va a permitir saber exactamente todo el rumbo que lleva cada combustible: cada pipa, cada barco, cuándo llega, qué cantidad llegó y a dónde se fue”. Esta certeza, afirmó, permitirá identificar cuando exista un excedente de combustible sin un origen claro, lo que delataría operaciones de contrabando.

Señalan a agentes aduanales como obstáculo

Por su parte, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la ANAM, atribuyó una parte significativa del problema a las prácticas de los agentes aduanales. Aclarando que no se buscaba “satanizar a un gremio”, Márquez reveló datos contundentes: de un universo de 805 agentes, el Gobierno ha cancelado la autorización a 45. Además, señaló que menos de 30 de ellos controlaban “todo el contrabando de hidrocarburos del país”.

“Para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos”, advirtió Márquez, “hemos detectado que los agentes aduanales ya ni siquiera se toman la molestia de ir a revisar sus despachos. El agente aduanal lo que buscó fue obstaculizar y colapsar las aduanas. Hubo agentes aduanales que acumularon 800 operaciones en una hora, pero es prácticamente imposible que una persona revise 800 contenedores en una hora”.

El funcionario complementó que, de los 800 agentes inspeccionados, más de 550 operan con semáforo en “rojo” o “rojo vulnerable” en todas sus transacciones.

Exigen justicia por el “robo del siglo”

Respecto al sonado caso que involucró a altos mandos de la Marina, conocido como el “robo del siglo”, Márquez informó que existen 818 carpetas de investigación con detenidos, 6,889 sin detenidos, 310 judicializadas y más de 326 sujetos vinculados a proceso, además de los 78 ya sentenciados.

Durante la reunión, la senadora priista Claudia Anaya alzó la voz para exigir que no quede impune ningún responsable. “Sí es importante que pongamos un punto final y que no sólo le demos vuelta a la página: tiene que caer todos los servidores públicos responsables del robo del siglo”, sostuvo.

Te podría interesar: Capitán de barco, su esposa y su hija son vinculados a la gran red de huachicol fiscal y narcotráfico de elementos de la Marina: era el enlace entre titulares de Aduanas y facilitaba la entrada de combustible ilegal

Anaya cuestionó a los funcionarios sobre si, una vez identificada la metodología del delito, se tenía también detectados a los empresas y servidores públicos implicados, y si esta información ya formaba parte de las carpetas de investigación. “Entonces sí es importante que pongamos un punto final, pero no solo le demos vuelta a la página. Tienen que caer todos los servidores públicos responsables”, insistió.