Reforma a la Ley de Amparo avanza en comisiones en la Cámara de Diputados, sin retroactividad, mientras la oposición acusa “fraude”: “Es una ley de desamparo; no protege a nadie”
El dictamen fue aprobado por mayoría de Morena y aliados; oposición denuncia “fraude legislativo” y advierte afectaciones al acceso a la justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma a la Ley de Amparo, luego de eliminar su aplicación retroactiva, en medio de un debate cargado de críticas y acusaciones de simulación. Con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el dictamen impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados avanzó rumbo al pleno, donde será discutido en las próximas sesiones.
Acusan “fraude legislativo” y simulación
La sesión de las comisiones unidas estuvo marcada por reclamos de diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), quienes denunciaron irregularidades en la forma en que se realizaron las audiencias públicas previas a la aprobación.
- Federico Döring, del PAN, calificó el proceso como un “fraude legislativo”.
- Por su parte, Iraíís Virginia Reyes, de MC, acusó que el llamado “parlamento abierto” fue una “simulación”.
La legisladora expresó con dureza:
“Fue una mentada de madre hacer un parlamento abierto así. Convocarlo con una descarada corta antelación, firmarlo desde las presidencias de las comisiones y dictaminar casi de inmediato no es apertura, es una simulación. Ustedes, señoras y señores, son unos simuladores y mentirosos”.

Reyes añadió que “ni una coma” fue modificada del dictamen que se circuló antes de las audiencias, y lamentó:
Lo más indignante no es solo lo que hicieron con el fondo, sino cómo lo hicieron”.
Durante su intervención, la diputada enfrentó incluso fallas en su micrófono, lo que tensó aún más la sesión.
En tanto, Emilio Suárez Licona (PRI) denunció la falta de transparencia al señalar que se le negó el acceso a las grabaciones del Canal del Congreso sobre los acuerdos previos:
“Nos fueron negados”, acusó el priista, quien pidió declarar las comisiones en sesión permanente hasta recibir respuesta de la Junta de Coordinación Política.
A su vez, legisladores opositores señalaron a los presidentes de las comisiones, Carol Antonio Altamirano y Julio César Moreno, de alterar el calendario y formato del parlamento abierto, pues las audiencias fueron convocadas “con apenas unas horas de anticipación”.
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Los puntos más polémicos de la reforma
Uno de los temas más controvertidos del dictamen es la definición del interés legítimo, que determina quién puede promover un amparo.
La diputada de Morena y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el texto aprobado restringe el acceso a la justicia para sectores vulnerables como la comunidad LGBTTIQ+, los pueblos indígenas, los defensores ambientales y los consumidores.
“Debe recordarse que la lesión jurídica es un elemento del propio interés jurídico, no del legítimo... La definición que ahora se propone condiciona todo a demostrar un beneficio cierto, lo cual restringe el acceso a la justicia constitucional”, explicó Sánchez Cordero.
Aunque reconoció que en el pasado hubo abusos en la aplicación del interés legítimo, consideró que la solución no debe ser limitarlo, sino perfeccionar los criterios judiciales.
Impacto en temas fiscales y administrativos
Otro punto que generó debate fue la eliminación de mecanismos tradicionales de defensa tributaria, como el recurso de revocación ante el SAT y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con legisladores del PRI y PAN, estos cambios dejan en estado de indefensión a las pequeñas y medianas empresas, al reducir sus vías de impugnación antes de llegar al juicio de amparo.
Restricciones a la suspensión del acto reclamado
La reforma también endurece los criterios para conceder la suspensión del acto reclamado, una medida que suele proteger a los ciudadanos de daños irreparables mientras se resuelve el juicio.
- La suspensión no podrá tener efectos generales.
- Solo se otorgará si el promovente presenta garantías económicas, como billetes de depósito o cartas de crédito avaladas por instituciones registradas ante el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La diputada Reyes advirtió que estos requisitos harán casi imposible obtener una suspensión:
Quitar un artículo transitorio no cambia nada. El corazón restrictivo sigue aquí. Esta es una ley de desamparo, porque un amparo sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia, no protege a nadie”.
Lo que sigue
Con la aprobación en comisiones, el dictamen será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno de San Lázaro en los próximos días.
De ser aprobado, pasará al Senado para su análisis final, en medio de advertencias sobre un posible retroceso en el derecho de amparo, una de las herramientas más importantes del sistema judicial mexicano.
Con información de Infobae.
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