¿Por qué el gobierno de Estados Unidos anunció su cierre a la media noche y qué significa ?

WASHINGTON, D.C. — El gobierno de Estados Unidos se encamina a un cierre administrativo (conocido como “shutdown”) a partir de la medianoche del 30 de septiembre de 2025, marcando el inicio del año fiscal 2026 sin un acuerdo presupuestario aprobado por el Congreso.

Esta situación surge de un estancamiento político entre republicanos y demócratas, donde el Senado rechazó tanto el proyecto de ley de financiamiento temporal propuesto por los republicanos —que extendía los fondos hasta noviembre sin concesiones adicionales— como la alternativa demócrata, que incluía extensiones para subsidios de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).

Culpa Trump a los demócratas por el cierre

El presidente Donald Trump ha advertido que el cierre es “probable” y culpa a los demócratas por no ceder, mientras que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusa a los republicanos de usar el financiamiento como arma política para recortes en programas sociales, publica el portal de CNN.

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La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha instruido a las agencias federales a ejecutar planes de contingencia, lo que incluye despidos temporales o permanentes en programas no esenciales, alineados con la agenda de reducción de burocracia del gobierno Trump.

Este sería el primer cierre desde 2019 y el 21° en los últimos 50 años, exacerbado por divisiones internas en ambos partidos y demandas específicas como la protección de subsidios médicos que expiran a fin de año.

¿Por qué se llegó al cierre en EEUU?

La raíz del problema radica en el proceso presupuestario federal de EE.UU., que requiere la aprobación de 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar agencias específicas, o al menos una resolución continua (CR) temporal que mantenga los niveles de gasto del año anterior.

En este caso, el Congreso no ha aprobado ninguno de los 12 bills para el año fiscal 2026, y las negociaciones fallaron pese a reuniones en la Casa Blanca entre Trump, el presidente de la Cámara Mike Johnson y líderes como Hakeem Jeffries.

Los republicanos, controlando ambas cámaras, exigen un “CR limpio” sin ataduras políticas, argumentando que es una medida rutinaria para evitar interrupciones, mientras los demócratas insisten en vincular el financiamiento a protecciones para la atención médica y revertir recortes previos en Medicaid impulsados por la administración Trump.

Esta polarización se intensifica por el contexto postelectoral, donde Trump busca reducir el tamaño del gobierno federal —inspirado en iniciativas como el “Proyecto 2025”—, amenazando con despidos masivos durante el cierre para eliminar “empleos no esenciales”.

La OMB ha emitido memos culpando explícitamente a los demócratas, lo que ha generado acusaciones de violaciones éticas por politizar comunicaciones oficiales. Históricamente, los cierres ocurren por disputas similares, como en 2018-2019 por el muro fronterizo, pero este podría prolongarse dada la intransigencia partidista y el impacto en servicios clave.

¿Qué significa cierre y qué implica?

El significado de un “shutdown” es la suspensión de operaciones no esenciales del gobierno federal, derivada de la Ley Antideficiencia de 1884, que prohíbe gastar fondos no autorizados por el Congreso.

Esto implica que alrededor de 2 millones de empleados federales —incluyendo civiles del Departamento de Defensa— serán enviados a “furlough” (licencia sin paga) o trabajarán sin salario garantizado inmediato, aunque recibirán pago retroactivo una vez resuelto el impasse. Servicios esenciales como seguridad nacional, control de tráfico aéreo, pagos de Seguro Social y Medicare continúan, pero agencias como el Departamento de Trabajo cancelarán reportes económicos clave, como el de empleo mensual, afectando la toma de decisiones de la Reserva Federal.

Parques nacionales cerrarán, lo que impactará el turismo; la Administración Federal de Aviación (FAA) furlará a 11.000 trabajadores, potencialmente causando demoras en vuelos; y procesos migratorios, inspecciones de alimentos y investigaciones científicas se paralizarán, generando pérdidas estimadas en miles de millones de dólares.

En contextos previos, como el de 2013 y 2018, se perdieron hasta 11.000 millones en productividad, con efectos en la confianza del consumidor y el PIB (reducción de 0.15-0.2 puntos por semana).

Este cierre también eleva riesgos para la economía global, al aumentar la percepción de inestabilidad en bonos del Tesoro y potencialmente subir tasas de interés, mientras que en el ámbito migratorio, USCIS detendrá trámites no urgentes, afectando a solicitantes de visas y asilo.

¿Qué consecuencias podría traer el cierre administrativo de los Estados Unidos?

Las implicaciones a largo plazo podrían ser profundas, no solo para EE.UU. sino para la economía mundial.

México

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Un cierre prolongado —posible si no hay avances en votaciones programadas para el fin de semana— podría dañar la imagen de estabilidad del gobierno Trump, que asumió en enero de 2025 prometiendo eficiencia, pero ahora enfrenta críticas por usar el shutdown para avanzar en recortes drásticos, como los propuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Expertos advierten de un “apagón de datos” que complica políticas monetarias, con la Fed operando “a ciegas” sin indicadores laborales o de inflación.

En el sector privado, aerolíneas y turismo sufrirán pérdidas, y mercados financieros podrían volverse volátiles, con refugios como el oro o el dólar ganando terreno. Internacionalmente, podría retrasar ayuda exterior y cooperación en temas como cambio climático o comercio, afectando aliados.

Sin embargo, cierres pasados suelen resolverse en días o semanas por presión pública y económica, con ambos partidos compartiendo culpa.

La Casa Blanca y el Congreso prometen “cero impunidad” en negociaciones, pero la retórica beligerante —con Trump amenazando más despidos— sugiere un período de incertidumbre.

Este evento subraya la disfunción bipartidista en Washington, donde el financiamiento se usa como herramienta política, y resalta la urgencia de reformas presupuestarias para evitar futuros paros que cuesten al erario miles de millones y erosionen la confianza pública.