Venezuela: Buscan decretar Estado de Conmoción Exterior tras amenazas de EEUU, ¿Qué significa?

VENEZUELA.- Durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó que se encuentra en evaluación con todos los sectores de la sociedad el decreto de Conmoción Exterior, una medida que, afirmó, busca blindar al país ante una eventual agresión extranjera.

“El decreto de Conmoción Exterior busca proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, los intereses vitales, estratégicos de nuestra República, ante cualquier agresión que atente contra nuestra nación”, señaló Rodríguez desde Caracas y reseñó Venezolana de Televisión.

La Constitución como escudo

Rodríguez subrayó que la Constitución venezolana ofrece un marco de protección frente a amenazas externas, particularmente las que atribuyó a Estados Unidos.

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“Nosotros los países que no somos una potencia militar, contamos con una potencia que es legalidad internacional y es nuestra conciencia de garantizar y preservar la paz, la tranquilidad, y es por ello que este decreto de Conmoción externa busca proteger la integridad territorial”, resaltó.

En ese sentido, enfatizó que la Carta Magna establece claramente que nadie, dentro o fuera del territorio, puede promover, apoyar o facilitar una agresión militar externa contra Venezuela, bajo riesgo de ser juzgado con las garantías que la ley contempla.

Advertencia contra llamados a la violencia

La vicepresidenta fue tajante al rechazar discursos que inciten a medidas coercitivas o invasiones:

“Ya basta de los extremistas. Tenemos responsabilidad como autoridades, como gobierno para no permitir este tipo de expresiones en nuestro territorio. De quien llama abiertamente a un bloqueo criminal, de quien llama abiertamente a una invasión, no puede considerarse venezolano o venezolana”.

Respeto al derecho internacional

Para reforzar el argumento, Rodríguez recordó lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, que en su numeral 7 del capítulo 2 advierte:

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas”.

Con este marco, el gobierno venezolano busca legitimar el debate sobre el decreto, al tiempo que presenta la iniciativa como un instrumento de defensa ante lo que califica de amenazas imperiales.

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Estados Unidos defiende su acción militar en el Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su gobierno está “haciendo volar por el aire a los narcoterroristas venezolanos” durante un discurso en la cena del American Cornerstone Institute.

En su intervención, justificó las operaciones militares en el Caribe como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“Cada vez que observas un bote, miles de personas mueren por su carga”, afirmó Trump, refiriéndose a las embarcaciones presuntamente cargadas con drogas como fentanilo. “Entonces los radicales de izquierda dicen: esto no está bien; miles de personas mueren por esos botes”.

Amenaza directa a Venezuela

En su cuenta en Truth Social, el mandatario emitió una advertencia a Venezuela por negarse a aceptar deportados y migrantes, incluyendo “presos y personas de instituciones mentales”. En mayúsculas escribió: “el precio que pagarán será incalculable”.

Estas declaraciones se suman a la creciente tensión entre ambos países, marcada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Washington ha movilizado ocho buques de guerra y cazas F-35 cerca de las costas venezolanas, presentando la operación como una medida necesaria para combatir el narcotráfico.

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Escenario de tensión en el Caribe

El discurso de Trump y la presencia militar estadounidense evidencian un incremento en la presión sobre Venezuela, en un contexto donde las operaciones antidrogas se superponen con preocupaciones diplomáticas y humanitarias.

La situación mantiene en alerta a los gobiernos regionales y a la comunidad internacional, mientras se monitorean las posibles repercusiones de las amenazas presidenciales.