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Marcha por Ayotzinapa: Canaco CDMX reporta pérdidas de 21.9 millones de pesos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX reportó la afectación de 4,527 establecimientos comerciales durante la conmemoración del caso Ayotzinapa, del cual se busca justicia después de 11 años.

Marcha por Ayotzinapa: Canaco CDMX reporta pérdidas de 21.9 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- La conmemoración del 11° aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa generó un impacto económico significativo en la Ciudad de México, con 4,527 establecimientos comerciales afectados y pérdidas estimadas en 21.9 millones de pesos, según reportó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX.

Impacto económico de la movilización en la capital

La marcha realizada el 26 de septiembre para recordar el caso Ayotzinapa afectó considerablemente la actividad comercial en el centro de la ciudad. Los recorridos por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo obligaron a numerosos negocios a reducir sus horarios de atención al público, impactando directamente en sus ventas y operaciones normales.

La Canaco CDMX detalló que las pequeñas y medianas empresas fueron las más perjudicadas por la movilización, viéndose forzadas a cerrar anticipadamente o a operar con capacidad limitada durante varias horas. Este cierre parcial generó una interrupción en la cadena comercial que se reflejó en las significativas pérdidas económicas reportadas.

Condena a actos vándalos y llamado a la aplicación de la Ley

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, condenó enérgicamente los actos de violencia que se registraron durante la manifestación. El líder empresarial señaló que grupos radicales, identificados como “bloque negro”, aprovecharon la protesta pacífica para realizar acciones vandálicas que dañaron el comercio local y la “imagen de seguridad” de la ciudad.

Gutiérrez Camposeco enfatizó que la institución no solicita represión, sino la estricta aplicación de la ley para identificar y sancionar a los responsables de los daños. Alertó sobre el riesgo que representa esta situación de cara a eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026, donde la “imagen de seguridad y movilidad” de la capital mexicana será fundamental.

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Propuestas para regular manifestaciones futuras

La cámara empresarial anunció que trabajará estrechamente con las autoridades capitalinas y el Congreso local para establecer un protocolo claro que permita enfrentar estas situaciones de manera contundente. Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición del uso de pasamontañas o máscaras que oculten la identidad de los manifestantes.

También se plantea regular la ocupación de las principales arterias viales de la ciudad y establecer mecanismos para sancionar cualquier acto de violencia durante las protestas públicas. El objetivo es equilibrar el derecho a la libre expresión con la protección al comercio y la seguridad ciudadana.

Reconocimiento a la legítima demanda de justicia

La Canaco CDMX reconoció el valor fundamental de la libre expresión y manifestó su apoyo a la legítima demanda de justicia por parte de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, destacó la necesidad de diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y los actos de violencia que las desvirtúan.

La institución hizo un llamado a las autoridades para garantizar que las protestas sociales mantengan su carácter pacífico y no sean “secuestradas por grupos radicales” con agendas distintas a la búsqueda de justicia.

Contexto histórico de la movilización

La marcha conmemorativa partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, manteniendo viva la exigencia de verdad y justicia sobre los eventos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Esa noche, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados por policías municipales y estatales, resultando en seis personas asesinadas, 27 heridas y 43 desaparecidas.

Investigaciones posteriores han confirmado que el caso Ayotzinapa constituye un crimen de Estado, aunque la falta de acceso a documentos militares ha mantenido estancadas las investigaciones durante más de una década.

La movilización de este año estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad, lanzamiento de petardos contra policías y el resguardo especial del Palacio Nacional con vallas metálicas. Estas medidas reflejaron la tensión acumulada tras once años de impunidad y la frustración por los limitados avances en el caso.

Esta situación abre a debate el uso de violencia en protestas pacíficas, la cual, si bien tiene un efecto negativo en muchos sectores sociales y económicos de la ciudad, surge a partir de la falta de respuestas por parte del Estado. Esto pone en duda si un frente unido entre manifestantes y autoridades de otros sectores sería la manera más contundente de buscar justicia, ya que la pronta resolución siempre es a beneficio de toda la ciudadanía.

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