Colectivo “Padres por la Verdad” denuncia modus operandi de instituciones que separan arbitrariamente a familias en Coahuila

SALTILLO.- Un grupo de padres de familia en Coahuila ha alzado la voz para exponer un presunto patrón de irregularidades y omisiones por parte de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) y el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

Según Proceso, bajo el nombre “Padres por la Verdad”, denuncian que estas instituciones utilizan denuncias falsas de violencia familiar para restringir, de manera arbitraria e injustificada, la convivencia de los padres con sus hijos, vulnerando los derechos de los menores.

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México

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El caso detonante: La detención de un defensor de derechos humanos

El colectivo surgió a raíz de un caso emblemático: la detención de Javier “N”, un promotor de derechos humanos. En una audiencia, su hija corrió para abrazarlo, lo que el Ministerio Público interpretó como una violación a una orden de restricción preexistente.

Javier fue detenido y permaneció incomunicado por más de 24 horas en celdas municipales de Saltillo, sin ser puesto a disposición de un juez, en lo que su familia describe como una desaparición temporal con la complicidad de las autoridades.

El modus operandi denunciado: Denuncias falsas y órdenes de restricción

Los integrantes del colectivo afirman que existe un modus operandi claro y repetitivo:

1. Denuncia falsa: Una madre interpone una denuncia por violencia familiar en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, usualmente sin presentar pruebas.
2. Orden de restricción automática: Con base en la denuncia, se emite de manera casi automática una orden de restricción en contra del padre, impidiéndole acercarse a sus hijos.
3. Obstrucción de PRONNIF: Cuando los padres acuden a PRONNIF para reportar violencia real contra los hijos por parte de la madre, la dependencia no interviene o desestima las pruebas (videos, testimonios de los niños).
4. Separación arbitraria: Se consuma la separación del padre de la vida de sus hijos, sin una investigación exhaustiva y basándose en la versión de una sola parte.

Historias que ejemplifican la crisis

• Carlos García: Lleva cinco meses sin ver a sus hijas de 7 y 9 años. Denunció que sufre violencia por parte de su madre, pero fue su expareja quien, de manera preventiva, lo denunció a él primero.
• Jhonny Emmanuel Robles: Su expareja sustrajo a sus hijos y se los llevó a Colima, a 915 km de distancia. A pesar de haber iniciado procesos legales, el Poder Judicial local perdió su documentación. Solo se le permiten videollamadas y también enfrenta una orden de restricción. Además, alerta que su hijo ha interrumpido tratamientos médicos cruciales.
• El Caso de Jaime “N” (por medio de su hermana, Carla Rivera Téllez): Lleva un año sin ver a su hija. No existe una resolución judicial que avale la restricción; la madre simplemente cambió de domicilio y escuela a la niña sin notificar a nadie. Carla relata que durante una entrevista, su sobrina les gritaba a las funcionarias que no quería regresar con su madre por el maltrato, pero fue ignorada por completo.

Las demandas del colectivo “Padres por la Verdad”

El grupo no busca confrontar, sino corregir un sistema que consideran roto. Sus principales exigencias son:

• Investigación imparcial: Que se investigue toda denuncia de violencia de manera exhaustiva, recabando pruebas y escuchando a ambas partes.
• Interés superior del niño: Que se priorice la voz de los niños y niñas. Que sus testimonios y deseos sean escuchados y considerados de manera primordial, como marca la ley.
• Capacitación de las autoridades: Solicitan una mayor capacitación para los Ministerios Públicos y psicólogos de las dependencias, para que actúen con empatía, profesionalismo y sin sesgos de género.
• Cese de la arbitrariedad: Que se ponga fin a la emisión automática de órdenes de restricción basadas únicamente en una denuncia, sin una valoración judicial previa.
• Intervención de PRONNIF: Que la PRONNIF cumpla su función de proteger a los menores de todas las formas de violencia, incluyendo la que pueda provenir de la madre, y garantice su derecho a convivir con ambos padres.

Esta situación en Coahuila expone una grieta profunda en el sistema de protección familiar, donde instrumentos diseñados para salvaguardar a las víctimas de violencia podrían estar siendo utilizados como herramientas de conflicto, causando un daño emocional irreparable a los niños y violando el derecho fundamental de toda familia a una convivencia libre de arbitrariedades.

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