OCESA también fue organizadora del Axe Ceremonia donde murieron dos fotoperiodistas, revela Proceso; padres de Bere exigen una reunión con Claudia Sheinbaum, “dijo que nos ayudaría”
Solamente las empresas menores han sido imputadas por su responsabilidad en el accidente, mientras que OCESA y Seguridad Privada Lobo podrían estar siendo protegidas por la Fiscalía, denuncian.

CIUDAD DE MÉXICO.- — Los padres de Citlali Berenice Giles Rivera, fotoperiodista fallecida en el festival Axe Ceremonia el 5 de abril, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Queremos un diálogo. Dijo que nos apoyaría; tenemos pruebas y no hay justicia”, señalaron en entrevista con Proceso.
A cinco meses de la investigación por homicidio culposo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha avanzado y, según denuncian, evade pruebas que señalan a OCESA como coorganizadora del festival, junto a Eco Live.
La próxima audiencia clave está programada para el viernes 19 de septiembre.

Una investigación estancada
Los Giles Rivera se consideran “víctimas indirectas” de dos situaciones: la negligencia en la organización del festival, donde también falleció el fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, y la frustración ante el sistema de justicia.
El 9 de septiembre emitieron un comunicado denunciando la protección a OCESA y a Servicios de Protección Privada Lobo, SA de CV, responsables de la seguridad del evento.
“Nos dijeron que se seguiría la carpeta de investigación por homicidio culposo, que la Fiscalía lo seguiría de oficio, independientemente de que tuviéramos un reclamo por las circunstancias en las que había sucedido, y que habría culpables y una reparación integral”
“Todo eso [mi esposa y yo] no lo conocíamos ni sabíamos qué derechos teníamos como víctimas indirectas. Nos cambiaron la vida como familia, ha sido un parteaguas en nuestra vida. De cuatro personas en la familia pasamos a ser tres; no te acostumbras. Si hay personas responsables, deben de pagar, y sobre todo a comprometerse a que esto no puede volver a ocurrir”, relató Luis Raúl Giles Martínez.
El proceso, denuncian, se ha viciado pese a contar con pruebas contundentes, como contratos, resolución administrativa y evidencia fotográfica que acreditan la participación de OCESA y Lobo.
Evidencias que señalan a OCESA
El abogado de la familia, Fabián Victoria Rangel, explicó que existen documentos que identifican a OCESA como organizadora, entre ellos:
- Boletos impresos que señalan a “Eco Live y OCESA” como organizadores.
- Resolución administrativa de la alcaldía Miguel Hidalgo (6 de mayo de 2025), que confirma la participación de OCESA y Eco Live, e impone una multa de $1,832,868 pesos a OCESA.
- Camión de mando rotulado con el nombre de OCESA y más de 23 cámaras de videovigilancia monitoreadas por Seguridad Privada Lobo durante todo el festival.
- Carta responsiva y contratos en los que OCESA se ostenta como organizadora y promotora del festival.
“El documento de resolución administrativa en donde se fija una multa a OCESA; si no tuvieran nada que ver en esta investigación ¿por qué la multan?”, cuestionó Rangel, al referirse a la resolución administrativa.

Fiscalía, señalada por proteger a las empresas principales
A pesar de las evidencias, la FGJ-CDMX se ha negado a imputar a OCESA y Seguridad Lobo, mientras que empresas menores sí fueron imputadas, según denunciaron los padres.
Según el abogado Rangel, pequeñas empresas como Eco Live han sido utilizadas por OCESA como “un velo corporativo para evadir y diluir su responsabilidad”.
“Lo correcto era que primero se celebrara la audiencia de omisiones para que se determinara si es o no procedente que OCESA y Seguridad Lobo sean imputadas, y después celebrar la audiencia inicial con todos los responsables que deben estar como imputados, pero no. Persiguen proteger y encubrir a OCESA y Seguridad Privada Lobo. ¿Para qué? Para que no puedan ser imputados“, añadió Rangel.
La familia ha presentado denuncias ante la Fiscalía de Servidores Públicos y el Órgano Interno de Control por estas omisiones.
La audiencia de omisiones está programada para el 29 de septiembre, pero la familia exige que se celebren audiencias con todos los responsables, no solo los considerados “insignificantes” por la Fiscalía.
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Justicia y reparación integral
El 9 de septiembre, los padres de Citlali Berenice enviaron un escrito a Atención Ciudadana de la Presidencia, solicitando un encuentro con Claudia Sheinbaum.
Destacan la importancia de que la mandataria cumpla su compromiso público de apoyo y permita avanzar hacia una solución justa y transparente.
“Que nos abra las puertas para tener un diálogo con ella... Si la presidenta tiene un compromiso sincero que nos abra las puertas, si nos escucha llegaremos a un entendimiento, y posiblemente un acuerdo”.
“No se busca venganza, se busca que los señores conozcan la verdad, que los culpables no queden impunes y que se tenga acceso a una reparación integral”, concluyó el abogado.
Blanca Lilia Rivera Orozco, madre de Berenice, agregó:
“Que se busquen a los verdaderos responsables, no los que ellas [en el Ministerio Público] crean que son los responsables, eso buscamos: justicia”.
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