Esto le espera a Salinas Pliego en el arbitraje del T-MEC y sin los amparos del Poder Judicial mexicano ante inversionistas estadounidenses
CIUDAD DE MÉXICO. — Ricardo Salinas Pliego, a través de TV Azteca, enfrenta un arbitraje internacional bajo el T-MEC iniciado por fondos estadounidenses como Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, quienes reclaman al menos 500 millones de dólares por bonos impagos emitidos en 2017.
La deuda, originalmente de 400 millones con un interés del 8.25%, dejó de pagarse en 2021, cuando TV Azteca, amparada por sentencias judiciales mexicanas, alegó dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19.
Una sentencia clave de septiembre de 2022, emitida por el juez Miguel Ángel Robles Villegas en la Ciudad de México, permitió posponer los pagos hasta que la OMS declare el fin total de la pandemia, a pesar de que la emergencia ya había concluido.
Inversionistas acusan que Salinas Pliego “manipula” al Poder Judicial mexicano
Los inversionistas acusan al empresario de manipular el Poder Judicial mexicano para obtener fallos a su favor.
Los inversionistas acusan a Salinas de manipular el Poder Judicial mexicano para obtener fallos que congelan indefinidamente sus obligaciones, lo que consideran una “denegación de justicia” violatoria del T-MEC.
Sin amparos del Poder Judicial mexicano, que los demandantes describen como “cooptado” para proteger a Salinas, los fondos han llevado el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Alegan que México incumple sus compromisos internacionales al no garantizar un proceso justo, exponiendo al país a sanciones económicas.
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Si el tribunal falla en su contra, México podría pagar compensaciones con recursos públicos, mientras Salinas enfrentaría demandas directas en EEUU, incluyendo embargos de activos por la deuda más intereses acumulados, que superan el 36% del monto original.
Este caso, junto a otros litigios como deudas fiscales de Grupo Elektra al SAT por más de 33 mil millones de pesos, agrava la posición de Salinas.
Sin el respaldo judicial local, podría enfrentar sanciones personales, multas y una pérdida significativa de credibilidad global, mientras México arriesga su reputación como destino de inversión extranjera.