“Estados Unidos está comprometido a desmantelar a los cárteles”: Embajador Ronald Johnson
De igual manera, se incluyó al líder de una banda separada, afiliada al Cártel de Sinaloa, especializada en la producción de fentanilo.
MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson aseguró que están comprometidos a desmantelar a los cárteles.
“Las sanciones de hoy contra la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa reflejan ese compromiso y nuestra determinación compartida con México para detener sus operaciones en cada una de sus etapas. La justicia prevalecerá“, destacó en su cuenta en X.
Los Estados Unidos están comprometidos a desmantelar a los cárteles. Las sanciones de hoy contra la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa reflejan ese compromiso y nuestra determinación compartida con México para detener sus operaciones en cada una de sus etapas. La justicia…
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 18, 2025
Estados Unidos sanciona a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y el líder de su brazo armado.
La medida se produce después de la visita del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.
Empresas y operadores bajo la lupa
La OFAC también designó a cinco personas y 15 empresas vinculadas con una red regional de “Los Mayos” que opera justo al sur de la frontera estadounidense.
De igual manera, se incluyó al líder de una banda separada, afiliada al Cártel de Sinaloa, especializada en la producción de fentanilo.
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Mensaje contundente desde Washington
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró John K. Hurley.
“La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.
Prioridad: frenar el tráfico de fentanilo
Las autoridades estadounidenses subrayaron que las sanciones buscan cortar los canales financieros de las estructuras criminales y presionar a las facciones del Cártel de Sinaloa responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
Traslado reciente a Estados Unidos de 26 miembros del crimen organizado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la decisión de su Gobierno de entregar a Estados Unidos a un grupo de 26 miembros del crimen organizado, entre ellos un número significativo de líderes del Cártel de Sinaloa. La mandataria aseguró que la medida se tomó de manera independiente y con base en la seguridad nacional, destacó El País.
“En todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones [de extradición]”, afirmó Sheinbaum este miércoles durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Contradicciones entre dependencias federales
La versión de la presidenta contrasta con la información difundida un día antes por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas instituciones señalaron que la entrega de los capos se realizó “bajo solicitud” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que sugiere que la operación respondió directamente a una petición de Washington.
Ese mismo argumento había sido utilizado en febrero pasado, cuando el Gobierno mexicano transfirió a 29 narcotraficantes de alto perfil mediante un andamiaje legal que permitió agilizar procesos de extradición que llevaban años estancados.
Medida bajo marco legal y garantías de EEUU
Las autoridades mexicanas explicaron que la entrega de los 26 detenidos se llevó a cabo en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, dado que los reclusos —distribuidos en diferentes prisiones del país— representaban “un riesgo permanente a la seguridad pública”.
Además, el Gobierno subrayó que Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra los acusados, aunque sí podría imponerles cadena perpetua.
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