Justicia federal ordena a gobierno de Guerrero garantizar educación a estudiantes nahuas

TLAPA.- De acuerdo con Proceso, una jueza federal ha emitido un fallo histórico que obliga al gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, a construir aulas, instalar sanitarios y enviar maestros a la Escuela Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, ubicada en la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, en la región de La Montaña de Guerrero.

La sentencia, emitida el 28 de agosto de 2025, representa un triunfo significativo para los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a la educación después de 25 años de gestiones infructuosas por parte de la comunidad.

La resolución judicial surge como respuesta a un amparo indirecto promovido en febrero de 2024 ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo. Este recurso legal fue la última opción para los padres de familia después de décadas de abandono por parte de las autoridades educativas estatales y locales.

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La escuela, fundada en 1997, ha sobrevivido gracias al esfuerzo comunitario, con habitantes aportando dinero y trabajo para construir dos aulas, una bodega y una dirección, infraestructura que ahora presenta graves deterioros.

Condiciones precarias y abandono institucional

Las instalaciones educativas enfrentan una situación crítica con fisuras pronunciadas en las paredes a consecuencia de los sismos, goteras, hundimientos en el techo y desprendimiento de pedazos de concreto.

Además de la infraestructura física en estado de riesgo, los estudiantes carecen desde marzo de 2023 de profesores para las asignaturas de Educación Física, Geografía, Historia y Formación Cívica y Ética, lo que vulnera directamente su derecho a una educación completa y de calidad.

Durante una conferencia de prensa, el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó el esfuerzo constante de los padres de familia, quienes con recursos limitados adquieren uniformes y materiales educativos mientras cooperan para mantener la escuela funcionando.

Barrera enfatizó que las autoridades estatales no están a la altura de sus obligaciones, dejando a la mayoría de las escuelas en condiciones obsoletas, sin sanitarios funcionales y sin servicio de agua potable.

Contenido del fallo judicial y plan integral

La jueza ordenó a la gobernadora Evelyn Salgado, a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) la elaboración y aprobación de un plan integral de cumplimiento. Dicho plan debe incluir un diagnóstico técnico completo del plantel y su entorno, un calendario detallado para la construcción o rehabilitación de aulas seguras, la instalación de sanitarios y servicios básicos, la dotación de mobiliario escolar mínimo, la habilitación de un centro de cómputo con conectividad funcional y un esquema de mantenimiento permanente.

Asimismo, el fallo exige la designación inmediata de personal docente capacitado para cubrir de manera continua las asignaturas pendientes.

La sentencia judicial pone a prueba las reformas en materia de amparo y derechos humanos, estableciendo un precedente crucial para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas históricamente marginadas.

Un patrón de negligencia y la lucha por la educación

El caso de San Pedro Petlacala no es aislado. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan ha interpuesto durante 2024 y 2025 al menos siete amparos indirectos más para exigir la asignación de maestros en otras escuelas de la región, incluyendo la primaria Benito Juárez de Loma Bonita, Metlatonoc, donde los profesores dejaron de asistir por falta de condiciones de seguridad.

La comunidad de Petlacala se erige como un ejemplo de organización y resistencia, donde padres de familia, maestros y autoridades comunitarias se unen para defender el derecho a la educación de sus hijos.

Este fallo judicial marca un punto de inflexión en la lucha por la justicia educativa en Guerrero, aunque su cumplimiento pleno dependerá de la voluntad política del gobierno estatal para acatar la ley y priorizar a las comunidades más vulnerables.

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