Profepa clausura de manera definitiva granja porcícola en Yucatán tras el incumplimiento de medidas correctivas

SANTA MARÍA CHÍ.- En una acción decisiva para la protección del medio ambiente en la Península de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la clausura total y definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en el municipio de Santa María Chí. La medida, ejecutada este 9 de septiembre, se tomó como consecuencia del incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas ordenadas previamente por la autoridad.

La granja operaba de manera irregular al verter aguas residuales sin contar con los permisos correspondientes, además de omitir la caracterización de sus lodos, acciones que representan un riesgo constante para los ecosistemas locales y la salud de las comunidades aledañas.

Esta clausura marca un precedente significativo en los esfuerzos por regular la actividad porcícola en una de las regiones con mayor biodiversidad de México.

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Reparación del daño ambiental y proceso de abandono

Tras la clausura, el siguiente paso para la Profepa es asegurar que la empresa se enfoque en la reparación integral de los daños ocasionados. Para ello, se exigirá la elaboración de un estudio detallado de daño ambiental que evalúe el impacto real de sus operaciones en la zona. Este documento será fundamental para definir las acciones de remediación necesarias.

De manera paralela, la autoridad supervisará de cerca el proceso de desmantelamiento de las instalaciones y el adecuado abandono del sitio.

El objetivo es garantizar que el cierre de la granja no genere nuevos pasivos ambientales y que el terreno sea restaurado para minimizar cualquier efecto negativo residual, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de impacto ambiental.

Antecedentes de denuncias e inspecciones en la región

La intervención en Pecuaria Peninsular no es un hecho aislado, sino la respuesta a una serie de denuncias presentadas desde el año 2021 por organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas de la región.

Estos grupos han alertado de manera constante sobre los impactos negativos de las granjas porcícolas en su calidad de vida y su entorno natural.

Como parte de una estrategia amplia, la Profepa ha llevado a cabo visitas de inspección en múltiples granjas localizadas en veinte municipios de Yucatán, incluyendo Mérida, Kinchil, Tizimín, Hunucmá y Tekax, entre otros.

Pecuaria Peninsular destacó por su historial de incumplimientos, lo que derivó en la imposición de diversas medidas correctivas que finalmente fueron ignoradas, haciendo necesaria la clausura definitiva.

Compromiso con las comunidades y la justicia ambiental

La procuradora Mariana Boy Tamborrell reconoció la lucha incansable de las comunidades de la zona, quienes durante años han padecido las afectaciones ambientales y buscado justicia a través de denuncias y recursos legales ante autoridades de todos los niveles. La clausura definitiva se presenta como un logro conjunto entre la ciudadanía y la Profepa.

Atender los impactos ambientales de la porcicultura en la península es una prioridad para la institución. Esto incluye un compromiso firme con las comunidades afectadas para asegurar el cumplimiento de su derecho humano a un medio ambiente sano, tal como lo establece la constitución. La Profepa reafirma su misión de trabajar para garantizar la protección de los recursos naturales y la salud pública, regulando de manera efectiva a este sector productivo para prevenir futuras violaciones ambientales.

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