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Huachicol fiscal: El sofisticado fraude que saquea millones al erario y opera con corrupción en aduanas

El “huachicol fiscal” es un fraude de alto nivel que evade impuestos mediante la importación fraudulenta de combustibles.

Huachicol fiscal: El sofisticado fraude que saquea millones al erario y opera con corrupción en aduanas

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras las autoridades avanzan en la detención de empresarios y militares por el caso de la Aduana de Tampico, se ha destapado la operación de un esquema de alto nivel conocido como “huachicol fiscal”, un delito que no implica robos con violencia en ductos, sino un sofisticado fraude que evade el pago de impuestos al Estado mexicano, causando un grave daño a la hacienda pública.

¿Qué es el huachicol fiscal?

A diferencia del huachicol tradicional (que roba combustible perforando ductos), el huachicol fiscal es un delito de contrabando y evasión fiscal que se comete en las aduanas marítimas. El modus operandi, según las investigaciones de la FGR, es el siguiente:

  1. Importación fraudulenta: Buques procedentes del extranjero introducen al país grandes volúmenes de diésel o gasolina.
  2. Falsificación de documentos: Para evitar pagar los impuestos de importación (IEPS e IVA), los responsables presentan documentación aduanal manipulada donde declaran falsamente que la mercancía es un producto químico diferente, como “aditivos para aceites lubricantes” o “resina de policarbonato”. Estos productos tienen permisos de importación temporal o están exentos de impuestos, lo que permite su entrada libre al país.
  3. Desvío al mercado negro: Una vez en territorio nacional, el combustible es desviado y comercializado ilegalmente en el mercado interno. La ganancia ilegal es enorme, ya que se vende un producto que no pagó impuestos, compitiendo de manera desleal con los combustibles legales y privando al Estado de millones de pesos en recaudación.

¿Cómo operaba la red en Tampico?

La investigación revela una estructura bien aceitada que combinaba corrupción de altos mandos y la participación de empresas:

  1. La corrupción interna (la Marina): Como lo reveló el testimonio del exdirector de la Aduana de Tampico, la red dirigida por el intermediario “NK” (Miguel Ángel Solano Ruiz) y los hermanos Farías Laguna (“Los Primos”) aseguraba la impunidad en la aduana. Su función era sobornar a los funcionarios (como el Capitán Torres) para que autorizaran las descargas de los buques con la documentación falsa y no realizaran las revisiones físicas pertinentes.
  2. La empresa operadora (Mefra Fletes): La FGR ha establecido el vínculo de la red con la empresa Mefra Fletes, cuyos fundadores, Roberto Blanco Cantú (“El señor de los buques”) y José René Tijerina Mendoza, tienen orden de aprehensión. Esta compañía, dedicada al transporte y venta de combustible, está acusada de ser la operadora logística del esquema: se encargaba del tráfico, almacenamiento y comercialización del combustible ilegal. Señalan hay más empresarios involucrados.
  3. Vínculos con el crimen organizado: La investigación va más allá de la evasión fiscal. La FGR señala que Mefra Fletes está vinculada a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG). El esquema también habría servido para introducir armas de fuego de grueso calibre (granadas, lanzagranadas y cartuchos) escondidas entre la mercancía fraudulenta, dotando de poder logístico a los grupos criminales.

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Consecuencias y compromiso gubernamental

El “huachicol fiscal” representa una doble amenaza: por un lado, debilita las finanzas públicas al dejar de recaudar millones de pesos, y por el otro, fortalece a las organizaciones criminales que diversifican sus fuentes de ingreso.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado el compromiso de “cero impunidad, tope hasta donde tope”. Las recientes órdenes de aprehensión contra los empresarios y los procesos contra los militares involucrados buscan desmantelar no solo a los autores materiales, sino a toda la estructura económica y corrupta que hace posible este delito de cuello blanco.

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