Exjuez vinculado al “huachicol fiscal” queda inhabilitado por 10 años: Corte confirma sanción tras escándalos judiciales y red criminal

Este martes, 09 de septiembre de 2025, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del exjuez federal Anuar González Hemadi, en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su destitución e inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos, tras detectar irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones. González Hemadi se encuentra actualmente detenido por su presunta participación en una red de fraude fiscal, conocida como “huachicol fiscal”, según el medio La Jornada.

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La Corte resolvió el caso en febrero de 2024, pero fue hasta este martes que se notificó oficialmente el envío del expediente al TDJ, instancia que desde el 1 de septiembre sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en los procedimientos administrativos contra servidores públicos del Poder Judicial.

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Vínculos con red criminal y escándalos judiciales previos

González Hemadi figura entre los 14 detenidos relacionados con una red de contrabando de combustibles mediante facturas falsas, con operaciones en Tamaulipas y otras entidades del país. La organización estaría liderada por dos hermanos vinculados a la Secretaría de Marina: el vicealmirante Roberto Manuel Farías Laguna, ya detenido, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, actualmente prófugo.

El exjuez fue arrestado por su papel como representante legal de la empresa Mefra Fletes, presuntamente utilizada para facilitar el fraude fiscal. Además, su historial incluye errores en declaraciones patrimoniales, resoluciones en casos donde estaba impedido legalmente y una polémica participación en el caso de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, relacionado con el abuso sexual de una menor en 2015.

Corte confirma sanción por desempeño negligente

El Pleno de la SCJN resolvió por unanimidad que los argumentos presentados por González Hemadi eran infundados o inoperantes, y consideró acreditadas las causas de responsabilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunque se reconocieron errores del CJF en la calificación de algunas faltas patrimoniales, la Corte concluyó que las conductas más graves justificaban plenamente la sanción.

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El procedimiento disciplinario se originó en 2017, tras la difusión mediática de un amparo concedido por el juez a un acusado de pederastia. En febrero de 2019, el CJF impuso la sanción, misma que fue impugnada ante la SCJN en abril de ese año y resuelta cinco años después.