Impunidad continúa en el despojo de inmuebles: solo 2.6 % de casos resueltos en seis años, señala Ministerio Público

Ciudad de México.– La complicidad de agentes del Ministerio Público, actuarios y notarios públicos ha facilitado el despojo de inmuebles en la capital, delito en el que participan desde redes criminales hasta organizaciones civiles promotoras de vivienda, de acuerdo con expedientes revisados por este diario.

Entre 2019 y 2024 se han abierto 19 mil 992 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, lo que equivale a un promedio de 9.12 denuncias diarias.

Modus operandi

La FGJ documenta que los despojos se cometen mediante simulación de compraventas, usurpación de identidad, fraudes procesales, falsificación de documentos notariales e inscripciones registrales de legitimidad dudosa. En estos procesos participan abogados, notarios e incluso grupos violentos.

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Uno de los casos ocurrió en 2020 en un inmueble ubicado en Antonio Caso 104, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde la organización civil Construyendo un Proyecto de Vida AC se apoderó del edificio sin acatar una sentencia de desalojo.

En Tlalpan, la abogada Mercedes Estrada denunció que actuarios del Tribunal Superior de Justicia validaron documentos falsos —como contratos de comodato y emplazamientos apócrifos— que permitieron a particulares apropiarse de un inmueble.

Baja eficacia de las autoridades

Entre 2019 y 2023, la FGJ aseguró mil 007 inmuebles, pero solo 432 fueron restituidos a sus dueños. En ese mismo lapso se abrieron 16 mil 349 expedientes, de los cuales únicamente se resolvió el 2.6 por ciento.

Abogados consultados señalaron que los agentes del MP suelen desalentar las denuncias penales, argumentando que la vía civil es la adecuada, lo que prolonga los procesos hasta por una década.

Redes criminales involucradas

La investigación también revela que grupos delictivos como La Unión Tepito participan en esta actividad ilícita.

En 2021, integrantes de la organización se apoderaron con violencia de departamentos en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, donde cambiaron cerraduras e incluso vendieron viviendas en menos de 100 mil pesos, según relató el abogado Andrés Saavedra.

Ajustes legales en puerta

El gobierno capitalino anunció que, como parte de su primer Informe de actividades, prevé realizar cambios normativos para frenar el despojo de inmuebles. Entre las propuestas están ajustes a la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Ley Registral de la Ciudad de México.

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