Protesta de padres en Instituto D’Amicis de Puebla por incorporación de alumno vinculado a homicidio de la maestra argentina Natalia Andrade

La comunidad educativa del Instituto D’Amicis en Puebla enfrenta una profunda división tras confirmarse la incorporación de Axel “N”, estudiante vinculado a proceso por el homicidio de la maestra argentina Natalia Andrade, al nivel de secundaria para el ciclo escolar 2025-2026.

Según N+, la revelación desencadenó una protesta masiva de padres de familia que este viernes 5 de septiembre decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de rechazo a la decisión administrativa del colegio ubicado en Cuautlancingo.

Comunicado institucional busca calmar ánimos

La dirección general del Instituto D’Amicis, liderada por Miss Loys Velasco, emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad educativa donde reconoce la preocupación generada por la situación. El documento enfatiza que la protección, integridad y tranquilidad de toda la comunidad educativa constituyen la prioridad absoluta de la institución.

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La administración asegura haber establecido comunicación constante con autoridades competentes y trabajar de forma coordinada con la Asociación de Padres de Familia para implementar medidas que garanticen seguridad y el correcto desarrollo de las actividades escolares.

El escrito institucional solicita evitar la difusión de información no confirmada y mantiene el compromiso de informar de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier avance relevante. Sin embargo, este mensaje no logró disipar la preocupación de las familias, quienes exigen acciones concretas y no solo declaraciones de intenciones.

Respuesta organizada de padres de familia

Los padres de familia presentaron un documento formal donde subrayan que la presencia del alumno genera un ambiente de temor, inseguridad e incertidumbre que afecta directamente el bienestar de los estudiantes.

Los firmantes fundamentan su postura en el marco legal vigente, citando específicamente artículos constitucionales y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que obligan a las instituciones educativas a garantizar entornos seguros y protectores.

La protesta activa de no llevar a los hijos a la institución representa una medida de presión sin precedentes en la historia reciente del colegio. Los padres enfatizan que su acción busca prioritariamente la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad escolar, exigiendo medidas inmediatas que aseguren la protección efectiva de los estudiantes.

Detalles del caso criminal que conmociona a Puebla

El caso judicial que involucra al menor se remonta al 18 de junio de 2025, cuando Axel “N”, entonces de 12 años de edad, fue vinculado a proceso por el homicidio de Natalia Andrade ocurrido en el Clúster Querétaro de Lomas de Angelópolis durante el mes de marzo.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla documentaron mediante grabaciones de seguridad la presencia del adolescente dentro del domicilio de la víctima por más de dos horas, portando un pasamontañas y manipulando las cámaras de vigilancia.

Natalia Andrade, quien se desempeñaba como maestra del menor, perdió la vida tras ser atacada por la espalda, dejada inconsciente y posteriormente estrangulada.

La naturaleza premeditada del acto, evidenciada por el uso de equipo para evitar identificación y la manipulación de dispositivos de seguridad, añadió mayor gravedad al caso que ahora genera consecuencias inesperadas en el ámbito educativo.

Impacto institucional y desafíos inmediatos

La crisis actual plantea serios desafíos de gestión para la administración del Instituto D’Amicis, que debe balancear consideraciones legales, educativas y de seguridad comunitaria.

La implementación de protocolos especializados de convivencia y monitoreo psicológico se ha vuelto imperativa para restaurar la confianza de la comunidad educativa.

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Este caso sin precedentes en el sistema educativo poblano podría establecer un referente importante para el manejo de situaciones similares en el futuro. La transparencia en la comunicación, el rigor en la aplicación de protocolos y la atención a las víctimas indirectas del hecho violento serán cruciales para la resolución de esta crisis institucional.

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