“Nos saquearon y golpearon”: familias del Centro Histórico acusan violaciones a derechos humanos en operativo de desalojo

Denuncias tras el desalojo

De acuerdo a información de López Dóriga Digital, vecinos desalojados de un edificio en la calle República de Cuba 11, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, acusaron este jueves que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante el operativo que los sacó de sus hogares y negocios.

“Tenemos severos problemas. Nos despojaron de nuestra vivienda, una más de todo el desmán que se está haciendo con la gentrificación”, denunció Manuel Gómez Tello, vecino afectado, en conferencia de prensa frente al inmueble.

El desalojo, realizado la madrugada del 27 de agosto, dejó a 19 familias y varios comercios en la calle, con sus pertenencias dañadas o robadas.

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Impacto económico y muerte de un comerciante

El desalojo tuvo consecuencias graves: Adrián Montoya, dueño de un negocio de impresoras, falleció al día siguiente de un paro cardíaco tras ver su patrimonio en la calle.

“Para mi padre es una noticia fuerte ver todas sus cosas tiradas, como si no valieran nada, como si fuera una basura”, relató su hijo, Julio Montoya, frente a las máquinas destruidas.

Operativo con violencia y saqueo

Los vecinos, en su mayoría adultos mayores, aseguran que participaron más de 100 policías y no entre 20 y 24 como dijo el Gobierno capitalino.

“Llegaron rompiendo puertas, candados, se metieron, nos saquearon, nos robaron”, denunció Arturo Velázquez, de 65 años, quien fue empujado por las escaleras y perdió un diente.

También afirmaron que los agentes estaban acompañados por “más de 150 delincuentes”, quienes habrían robado y repartido sus pertenencias. Testigos aseguraron que hubo camionetas estacionadas en la zona para cargar muebles, electrodomésticos y hasta archivos completos de algunos negocios. Estas acciones fueron descritas como una operación coordinada que, lejos de proteger a los habitantes, terminó despojándolos brutalmente. Muchos vecinos durmieron bajo lonas improvisadas y continúan sin acceso a servicios básicos, lo que incrementa la vulnerabilidad de personas enfermas o de edad avanzada. Además, acusan que la respuesta oficial ha sido indiferente e insuficiente.

Exigen derecho a la vivienda y claridad legal

El abogado Arturo Aparicio explicó que el desalojo se originó en un juicio iniciado contra el propietario original del inmueble, fallecido en 1992, aunque los inquilinos siguieron pagando rentas a una empresa que nunca acreditó ser representante legal.

Denunció que el procedimiento violó el derecho a la vivienda y a un proceso justo, pues los vecinos gestionaban con el Gobierno la posibilidad de adquirir el inmueble.

En protesta, los afectados bloquearon una avenida y entregaron un pliego petitorio con 10 puntos, donde exigen:

• Retorno inmediato a sus viviendas.
• Claridad en el proceso jurídico.
• Acompañamiento para denunciar violaciones a sus derechos humanos.

Acusan omisión del Gobierno

Los vecinos denunciaron que las reuniones con el Gobierno capitalino están “congeladas” y que algunos apoyos han sido condicionados a que dejen de recibir respaldo de activistas como el Fondo por la Vivienda Joven.

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