PAN arremete contra primer informe: acusa un Poder Judicial “manchado” y desacredita fortaleza del peso

En un contundente y crítico posicionamiento durante la glosa del primer informe de gobierno, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de encabezar un “retroceso institucional sin precedentes” y de haber instalado un Poder Judicial “subordinado y manchado desde su origen”.

A través de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez, el grupo parlamentario blanquiazul aseguró que la mayoría legislativa oficialista “no refleja la verdadera pluralidad del pueblo de México” y es “un atropello a nuestra República”, sosteniendo que el pasado proceso electoral “no fue un ejercicio ciudadano, sino un operativo” del gobierno.

En el ámbito económico, la legisladora desacreditó la fortaleza del peso argumentando que “no es la fortaleza del peso, es la debilidad del dólar”. Aseguró que esta estabilidad se debe a las “políticas neoliberales” que, según ella, el gobierno actual continúa impulsando, así como a la competitividad derivada del tratado comercial con Estados Unidos.

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Gutiérrez pintó un panorama opuesto al “discurso triunfalista” del gobierno federal, describiendo una realidad donde “en los hospitales no hay medicinas; en las escuelas, no hay maestros, y en las comunidades tienen que seguir huyendo de la violencia”. Señaló específicamente la situación en Chiapas como ejemplo de comunidades “sitiadas por la violencia”.

Sobre las finanzas públicas, la representante panista alertó que “se ha hipotecado el futuro de nuestros hijos” con un aumento de la deuda pública y calificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) en situación de “quiebra técnica”. Además, destacó que durante los “buenos gobiernos panistas”, como el de Guanajuato, “más de 430 mil personas salieron de la pobreza” entre 2022 y 2024.

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Finalmente, aunque reconoció que su partido había propuesto desde enero un acuerdo de seguridad con Estados Unidos –similar al que está por firmar el gobierno mexicano–, acusó a la administración federal de “proteger al crimen” y ejemplificó su señalamiento con el caso del grupo delictivo La Barredora en Tabasco.