La FGR judicializa a Emilio Zebadúa, el presunto cerebro de la “Estafa Maestra”
La Fiscalía General de la República busca imputar y vincular a proceso a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con El Diario, después de una extensa investigación de ocho años, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso decisivo al ejercer acción penal y solicitar una audiencia para imputar y vincular a proceso a Emilio Zebadúa González, señalado como el testigo colaborador y presunto artífice intelectual de la multimillonaria Estafa Maestra.
La imputación es por el delito de enriquecimiento ilícito, marcando un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de las últimas décadas.
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El camino a la judicialización: Una carpeta de investigación de ocho años
La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de la FGR fue la dependencia que formalizó la acción penal contra el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol.
El caso se judicializó bajo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002222/2017, la cual fue instruida por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur recibió la solicitud, aunque la fecha para la audiencia de imputación aún no se ha fijado. Se anticipa que será agendada a partir de la próxima semana, con la instalación de los nuevos jueces de control electos en los pasados comicios judiciales.
El delito de enriquecimiento ilícito y la posibilidad de prisión
Bajo la reforma al artículo 19 constitucional vigente desde el 1 de enero, el delito de enriquecimiento ilícito conlleva prisión preventiva oficio. Sin embargo, esta medida no será aplicable de forma automática en su caso, ya que los hechos imputados ocurrieron entre 2012 y 2018, periodo durante el cual fue servidor público.
No obstante, un juez de control podría imponerle la prisión preventiva justificada si determina que existe un riesgo fundado de fuga, dada la gravedad de los cargos y su historial legal.
La “Estafa Maestra”: El mecanismo de desvío de recursos públicos
Emilio Zebadúa es identificado como el cerebro operativo de la llamada “Estafa Maestra”, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A través de este esquema, la Sedatu y la Sedesol suscribieron convenios y contratos por un monto total de 5,073 millones 358 mil 846 de pesos, principalmente con instituciones de educación superior en nueve entidades federativas: Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
De acuerdo con las investigaciones, Zebadúa y su equipo de colaboradores falsearon firmas de exfuncionarios para justificar los desvíos de estas dependencias, creando una red de simulación que permitió el saqueo de recursos federales.
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El citatorio por enriquecimiento ilícito y las inconsistencias patrimoniales
En mayo pasado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició un procedimiento contra Zebadúa por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de 2018.
El citatorio señalaba que, en su carácter de servidor público, faltó a la veracidad en sus declaraciones de modificación y conclusión de ese año, con la finalidad de ocultar un incremento patrimonial no justificable por 899 mil 625 pesos. Este proceso administrativo sentó las bases para la posterior acción penal de la FGR.
El criterio de oportunidad y el fin de la inmunidad
Durante el sexenio de López Obrador, la estrategia de Zebadúa para evadir la justicia llegó a su fin. El 19 de octubre de 2020, tras varias suspensiones judiciales que bloqueaban las órdenes de aprehensión en su contra, negoció su entrada a la FGR con una declaración por escrito bajo un criterio de oportunidad, obteniendo inmunidad penal a cambio de delatar a otros implicados.
En su testimonio, Zebadúa afirmó que parte del dinero de la Estafa Maestra financió campañas de promoción personal de Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, así como al menos 702 millones de pesos para la campaña gubernamental de Alfredo del Mazo en el Estado de México y la promoción presidencial de Miguel Ángel Osorio Chong.
Aunque el beneficio de inmunidad era aplicable sólo para la carpeta de investigación específica en la que testificó, la FGR no procedió contra él en otras indagatorias pendientes, justificando esta prerrogativa. Con el cambio de sexenio, ese trato llegó a su fin, tal como ocurrió en noviembre de 2020 con otros exfuncionarios colaboradores que posteriormente fueron aprehendidos. La judicialización de Zebadúa marca el cierre de un ciclo prolongado de impunidad y el inicio de su rendición de cuentas ante la ley.
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