Denuncian a exgobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas por presunto desfalco millonario en sector salud

TAMAULIPAS.-La Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas ha interpuesto formalmente 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) y varios funcionarios de su administración. La acusación central radica en la adjudicación ilícita de contratos para la prestación de servicios que, presuntamente, causaron un quebranto al erario estatal y federal por un monto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, revela La Jornada.

Detalles de la acusación

En una conferencia de prensa, el Director Jurídico y Apoderado Legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, explicó que el denominador común de los actos irregulares fue la complicidad del más alto nivel del gobierno anterior con empresas vinculadas a los hermanos Sergio (asesinado en 2021) y Julio César Carmona, señalados de obtener poder político y económico a través de su presunta cercanía con el Partido Acción Nacional (PAN).

Las empresas beneficiadas identificadas son:

México

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• Grupo Industrial Permart, encabezada por Julio César Carmona Angulo.
• Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega.

Autoridades y entidades notificadas

Las denuncias fueron presentadas ante múltiples instancias para su investigación y sanción:

• La Fiscalía Anticorrupción
• El Congreso local de Tamaulipas
• La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
• La Secretaría de Función Pública (o Secretaría Anticorrupción, según la estructura local)

En el anuncio estuvieron presentes el titular de Salud estatal, Vicente Joel Hernández, y las secretarias de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza, y de Administración, Luisa Eugenia Manautou.

Ilícitos detectados y origen de los recursos

Según Saldaña Magaña, entre los delitos o irregularidades detectadas se encuentran:

• Uso indebido de atribuciones y facultades (abuso de poder).
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Del monto total defraudado, 221 millones de pesos corresponden a recursos del estado de Tamaulipas, mientras que 122 millones provenían de fondos federales, lo que agrava las implicaciones del caso.

Modus operandi y periodo de los hechos

El esquema de corrupción se habría ejecutado durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018. El modus operandi consistió en lo siguiente:

1. Se celebraron contratos de prestación de servicios de mantenimiento para diversos hospitales del estado.
2. Las empresas Permart y Joser se asociaron con exservidores públicos para ser adjudicatarias de estos contratos.
3. El monto total de los convenios ascendía a 500 millones de pesos.
4. De forma “rara y sospechosa”, 157 millones de pesos de ese total no fueron cobrados por las empresas proveedoras, quienes, de manera inusual, no emprendieron acción legal alguna para reclamar este adeudo, lo que sugiere la posibilidad de que los contratos fueran inflados o simulados desde un principio.

Funcionarios involucrados

Además del exgobernador García Cabeza de Vaca, se señaló como principales acusados a:

• Gloria de Jesús Molina Gamboa: Titular de Salud durante su administración.
• Horacio García Rojas Guerra: Exsubsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud.
• Alejandro Aguilar Poegner: Exsubsecretario de Administración y Finanzas.
• Román Castillo Airola: Exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.

Postura del gobierno actual

Iván Saldaña Magaña enfatizó que estas acciones no constituyen una persecución política. El objetivo declarado es poner en conocimiento de la ciudadanía los hechos que, aseguran, dañaron gravemente las finanzas públicas y, en consecuencia, menoscabaron la calidad y capacidad de los servicios de salud para la población de Tamaulipas.

¿En qué queda todo?

Este caso representa una de las acusaciones de corrupción más graves contra una administración anterior en Tamaulipas. Las denuncias ahora se encuentran en manos de las autoridades fiscalizadoras y judiciales correspondientes, que deberán investigar, procesar y, en su caso, determinar las responsabilidades políticas, administrativas y penales de los involucrados.