Vecinos anuncian manifestación por cobro de acceso a playas públicas en Tulum
Los ciudadanos de Quintana Roo señalan la aplicación de cobros excesivos al turismo general, reduciendo su afluencia y afectando la economía de pequeños negocios.
TULUM.- La tranquilidad de la costa de Quintana Roo se ve interrumpida por un creciente conflicto comunitario. La empresa Grupo Mundo Maya, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se encuentra en el centro de una polémica tras negar las acusaciones de haber incumplido el compromiso de garantizar el acceso libre a las playas del Parque Nacional Tulum para los habitantes locales.
Esta negativa ha encendido los ánimos y ha llevado a la convocatoria de una manifestación ciudadana, profundizando una tensión que afecta directamente a la principal fuente de ingresos de la región.
El descontento ciudadano y la convocatoria a manifestación
De acuerdo con Animal Político, ante el comunicado de Grupo Mundo Maya, múltiples sectores de la comunidad han convocado una protesta pacífica para el próximo 31 de agosto a las 10:00 de la mañana. El punto de encuentro será la entrada de la zona arqueológica de Tulum, uno de los símbolos más icónicos del destino.
Los organizadores han anunciado que, de no atenderse sus demandas, procederán al cierre de las cuatro entradas principales al parque. Su reclamo es claro y directo: exigen que se detengan de inmediato lo que califican como “cobros injustos” por el acceso a playas que, por ley, son bienes nacionales de uso público.
El llamado a la movilización está dirigido a un amplio espectro de la economía local: comerciantes, artesanos, vendedores, empresarios y todos los trabajadores cuyo sustento depende del turismo. El mensaje unificador es contundente:
La riqueza de nuestra tierra debe ser un beneficio para todos, no solo para unos pocos”.
Esta frase, extraída del comunicado ciudadano, refleja la profunda frustración por la percepción de que un recurso natural colectivo está siendo privatizado de facto.
Las dos versiones de un mismo conflicto
El origen de la disputa se encuentra en las declaraciones del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo. El edil de Morena denunció públicamente que la empresa administradora, a cargo de los militares, no ha cumplido con los acuerdos establecidos para garantizar el acceso libre para los residentes del municipio a las playas que forman parte del Parque Nacional Tulum, específicamente en el área conocida como Parque del Jaguar.
"A mi me vale madre" Diego Castañon, alcalde de Tulum se lanza contra militares que niegan el acceso gratuito a la playa del parque del Jaguar a residentes de Tulum 🛑👇 pic.twitter.com/WLTBtmSN41
— Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) August 25, 2025
Por su parte, Grupo Mundo Maya, que pertenece al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica, S.A. de C.V., rechazó de plano las declaraciones del alcalde.
La empresa asegura que existe un acuerdo vigente que permite la entrada gratuita al parque a todos los ciudadanos mexicanos y residentes extranjeros que puedan acreditar su condición con una identificación oficial.
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El impacto económico en la comunidad local
Más allá del acceso, la tensión subyace en el impacto económico que el modelo de gestión está teniendo en la comunidad. Los ciudadanos expresan su indignación al señalar que la empresa aplica cobros considerados excesivos al turismo general.
Argumentan que estas tarifas han disuadido a una parte de los visitantes, reduciendo la afluencia y afectando directamente la economía de los pequeños negocios, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios locales que dependen del flujo constante de turistas.
Un argumento central en el discurso de los manifestantes es que el atractivo principal de Tulum son sus playas, ruinas y la experiencia natural, no el parque temático en sí.
“El turismo viene a nuestras ruinas, playas y a disfrutar de todo Tulum, no al Parque del Jaguar”, señala el documento ciudadano, insinuando que el cobro actúa como una barrera artificial que desvía y encarece la experiencia del visitante en perjuicio de los negocios establecidos fuera del perímetro administrado por la empresa.
La resolución de este conflicto será crucial para el futuro del equilibrio entre la conservación, la gestión de recursos naturales y el derecho al beneficio económico de la comunidad que habita en uno de los destinos turísticos más importantes de México.
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