Victoria ambiental en Tulum: Ordenan demoler edificio Adamar Solimán que dañaba santuario de tortugas

TULUM.- En un fallo histórico para la conservación, un juez federal ha ordenado la demolición total del edificio Adamar Solimán, una construcción ilegal ubicada en la bahía Solimán de Tulum, según Proceso.

La decisión judicial, emitida tras un amparo, representa una victoria crucial para la protección del santuario de tortugas marinas Xcacel-Xcacelito, una de las zonas de anidación más importantes para la especie en el Caribe mexicano.

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El fallo judicial que ordena la demolición y sanciones

El Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo no solo concedió el amparo a favor de los ciudadanos, sino que emitió mandatos precisos y contundentes.

La sentencia obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental, lo que significa proceder con la demolición física del inmueble.

El fallo es claro al señalar que la autoridad no puede delegar en la empresa infractora la responsabilidad de cumplir con esta medida.

Adicionalmente, la resolución judicial estipula que la empresa desarrolladora está obligada a hacerse cargo de las sanciones económicas impuestas.

De manera crucial, el juzgado también ordena dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales que se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), asegurando que los responsables enfrenten consecuencias legales más allá de lo administrativo.

El daño al ecosistema y la lucha ciudadana

El edificio Adamar Solimán, promovido por las empresas Desarrollos Tulum Dieciséis y The Partner Group, comenzó su construcción a finales de 2023 en una zona de alta sensibilidad ecológica, a escasos 10 kilómetros al norte del pueblo de Tulum.

Su edificación, aledaña al área de anidación de tortugas, representaba una grave amenaza para la fauna local, alterando el ecosistema de playa y selva.

Tras denuncias ciudadanas que fueron ignoradas o mal manejadas por abogados particulares, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) intervino en el caso.

Este colectivo, integrado por un grupo de abogadas especializadas, logró llevar el caso a los tribunales federales, demostrando la ilegalidad del proyecto.

La lucha de DMAS se extiende más allá de la costa de Tulum, ya que la asociación también ha interpuesto recursos legales contra el desmonte de selva ejecutado sin los permisos adecuados para las obras del Tren Maya.

Esta sentencia envía un mensaje contundente a promotores inmobiliarios y autoridades: la impunidad para los delitos ambientales en ecosistemas críticos como Quintana Roo tiene los días contados. La restauración del daño causado es una obligación del Estado y un derecho irrenunciable para las generaciones presentes y futuras.

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